La Alcaldía ahora le ‘echa el agua’ a la ESE por los centros de salud: ¿Enfrentamientos políticos?

Hace seis meses, un aguacero que cayó en la ciudad de Santa Marta evidenció que algo no estaba funcionando bien en algunos de los nuevos centros de salud. Aquella noche, la IPC La Candelaria, en el barrio María Eugenia, se llovió por dentro y puso en el ojo del huracán la solidez con la que estas infraestructuras fueron construidas.

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Las imágenes hablaban por sí solas: cielorrasos totalmente filtrados por agua dejaron ver, según manifestó la ESE Alejandro Próspero Réverend -intervenida por la Superintendencia de Salud- de que se trataba de problemas estructurales.

Sin embargo, la Alcaldía de Santa Marta tenía otra postura: sostenía que esto se daba por la falta de mantenimiento por parte de la intervención de la ESE, representada en el agente interventor Román De La Rosa Montenegro.

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Seis meses después de estos enfrentamientos, en los que unos señalaban a los otros y viceversa, la Alcaldía de Santa Marta reportó que, a través de la Secretaría de Salud inició un proceso sancionatorio en contra de la ESE Alejandro Próspero Réverend por “presuntamente infringir la normatividad sanitaria vigente, al evidenciarse en visitas realizadas por funcionarios de Salud Distrital, hallazgos tales como: “no cumplir con la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario de los Centros y Puestos de Salud de esa entidad para el año 2020 y no acreditar el manejo adecuado y razonable de los recursos para dicho Plan en la misma vigencia”.

¿Peleas políticas?

El inicio de este procedimiento administrativo sancionatorio parece ser un round más de una pelea política que no viene desde ahora entre la Superintendencia de Salud y el poder político de turno, y que tuvo un episodio nacional cuando el superintendente en persona llegó a Santa Marta para intervenir el hospital Julio Méndez Barreneche.

Pero en este ‘toma y dame’ entre la Supersalud y la administración hay hechos recientes que podrían justificar una retaliación política: uno de estos es que hace dos semanas se conoció públicamente que el Ministerio de Salud destinará a la ESE (y no al ente territorial) $3.433 millones para la terminación de la policlínica de Ciudad Equidad, una obra de la que Carlos Caicedo se daba crédito, pero que finalmente quedó abandonada como un elefante blanco.

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La oportunidad de poder concluir esta obra desde la Intervención de la ESE sería un golpe político fuerte para el poder político de turno, sumado a la imposibilidad de poder administrar esos recursos.

Además de esto, la ESE demandó recientemente a Carlos Caicedo para que responda por un pago que la ESE se vio obligada a hacerle al exgerente Jairo Romo en compensación porque este ganó en su momento el concurso de méritos para ocupar el cargo de esta gerencia, pero Carlos Caicedo, siendo alcalde de la ciudad, se negó a entregarle porque Romo no era su alfil político.

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Lo cierto es que, sea de quien sea la responsabilidad (falta de mantenimiento o fallas de infraestructura del contratista), los afectados no cambian: en ambos casos son los ciudadanos, usuarios del sistema de salud, los que padecen la precariedad de unas obras a las que se les invirtieron millonarios recursos y que ni siquiera aguantan un aguacero.