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Miércoles 27 de Abril de 2016 - 9:45pm

Contrato al CM de Santa Marta cuesta el doble que consultoría para solución a crisis del agua

La consultoría para identificar, desarrollar e implementar la solución al servicio de agua en la ciudad de Santa Marta cuesta 495 millones de pesos, mucho menos que el manejo de las redes sociales de la Alcaldía.
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24 horas después de haberle puesto la rúbrica al inquietante contrato de la estrategia de comunicación y manejo de las redes sociales de Santa Marta, el alcalde de esa ciudad, Rafael Martínez, dio apertura a un proceso de contratación que imploran los samarios: la consultoría para encontrar e implementar una solución a la crisis del agua.

Lo llamativo es que el costo de la tan anhelada solución al problema, que se agudizó desde hace dos años, vale apenas la mitad de lo que ya se comprometió la Alcaldía a pagar por el manejo de las redes sociales a la sociedad Wuepa SAS, la cual fue constituida el 13 de enero de 2016, exactamente tres meses antes de que le adjudicaran esta contratación, como lo revelaron Seguimiento.coZona Cero en la investigación periodística publicada el pasado viernes.

Pese a que implica muchos menos recursos del erario que la estrategia digital, la contratación a la solución del agua en Santa Marta hasta ahora ha cumplido con principios de la contratación pública de transparencia y competencia: hicieron convocatoria pública, recibieron preguntas de los interesados y evaluaron varias ofertas.

Opuesto a esto ha sido el manejo que le han dado a la polémica contratación que beneficia al exfuncionario que trabajó en las TIC de la Alcaldía en la pasada administración: para este caso, pese a que se invierten 899 millones de pesos en 8 meses, la Alcaldía justificó que se trataba de una contratación directa y no tuvieron en cuenta otras ofertas distintas a la de la empresa creada apenas 3 meses antes a la firma del contrato, y la cual recibirá un primer aporte de 52 millones de pesos el 29 de abril.

En todo caso, sigue quedando la duda entre los samarios: ¿Cuesta más, entonces, definir un plan de comunicaciones y manejar las redes sociales de una entidad pública que el plan para darle solución a una profunda crisis como la del agua en Santa Marta? La respuesta, según estos contratos, es sí: cuesta el doble.

¿Vacíos en la contratación?

Esta desproporcionada comparación con la solución del agua dio pie a Seguimiento.co para consultar con varios expertos en contratación pública, algunos de ellos exfuncionarios y contratistas de la Alcaldía de Santa Marta, quienes accedieron a revisar los detalles del millonario contrato que, no solo llamó la atención de los medios nacionales, sino que además llegó a ser referenciada internacionalmente por el prestigioso portal de noticias CNN.

CNN: ¿Gana más el community manager de Santa Marta, Colombia, que el de la reina Isabel II?

Estas son algunas de las observaciones:

La Alcaldía de Santa Marta justifica contratar directamente a la empresa Wuepa SAS con el decreto 1082 de 2015, que regula la contratación pública. Según el artículo 2.2.1.2.1.4.9 de esta normativa, “las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa (…) siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate”.

La duda en este punto tiene que ver precisamente con la verificación de dicha idoneidad y experiencia de la empresa Wuepa SAS, pues, como lo publicó el portal CNN, “Wuepa tiene una cuenta en Twitter con 35 seguidores y por lo pronto no cuenta con una página web pública en la que liste experiencia alguna en relación a los servicios relacionados”.

Pese a esto, el contrato sustenta en el numeral N)  que en la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Santa Marta “se recibió propuesta presentada por Wuepa S.A.S., la cual consideró viable técnica y jurídicamente, tal como consta en el certificado de idoneidad expedido por la Dirección de Comunicación y Prensa para satisfacer con sus servicios la necesidad que el Distrito posee”.

Tras la investigación de Seguimiento.co, la Alcaldía de Santa Marta publicó un comunicado exponiendo su posición, aunque no hizo mención sobre cuál fue el criterio para expedir dicho certificado de idoneidad, ni mucho menos la experiencia, teniendo en cuenta que la empresa apenas tenía 3 meses de vida jurídica.

Otro aspecto que causa inquietud es el hecho de que en los estudios previos del contrato, la propia Alcaldía reconozca que “aun cuando existe personal con perfil para desarrollar el objeto contractual, es necesario contratar a una persona natural o jurídica, toda vez que la carga laboral de los mismos no les permite ejercer las labores aquí descritas”.

“Si se trata entonces de falta de personal, ¿por qué recurren a una contratación excesiva y no simplemente reforzaron con algunos empleados más?”, se pregunta uno de los expertos en contratación pública, quien pidió reserva en su nombre pues sus actividades se involucran con la Alcaldía de Santa Marta.

Pese a que en su comunicado la Alcaldía de Santa Marta sostuvo que esta contratación “obedeció a una necesidad que debió subsanarse ante la precariedad institucional y la inexistencia de personal, ya que la oficina de prensa de la Alcaldía solo cuenta con dos funcionarios de planta (director y secretaria)”, Seguimiento.co pudo establecer que en los meses de febrero y marzo fueron vinculadas 12 personas con contratos de prestación de servicios, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos mensuales. Es decir, que en la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía trabajan 14 personas y no 2, como informó la entidad.

Según los expertos, deben sumarse otros hechos dudosos como el no haber contemplado otras ofertas cuando la actividad de las comunicaciones y el manejo de redes sociales tiene innumerables opciones en el mercado, así como tampoco evaluaron la situación actual del mercado para establecer los valores más apegados a la realidad.

"Cuando uno dice que el objeto del contrato no tiene precios de mercado está prácticamente diciendo que quien se va a contratar desarrolla una actividad única que solo esa persona puede desarrollar. ¿Es acaso una empresa recién creada y sin experiencia la que puede tener un monopolio comercial?", dice uno de los expertos.

En conclusión, los expertos hacen un llamado a los entes de control a que revisen con lupa la elaboración del análisis de riesgos contemplado en los estudios previos a la contratación, pues allí se omiten aspectos importantes indispensables en cualquier contratación, como el no haber podido determinar que, efectivamente, los valores del contrato correspondan a los precios del mercado y la ausencia del estudio de mercado como tal.

Diferencia abismal

La perla que complementa esta cadena de hechos sospechosos sobre el millonario contrato revelado en la investigación de Seguimiento.co cobra mucha más relevancia al comparar lo que invirtió la Alcaldía de Santa Marta por la estrategia de redes sociales en el año 2015: un total de 63 millones de pesos en 7 meses, doce veces menos que lo que pagó la nueva administración distrital a la empresa Wuepa SAS.

Pese a que el contrato de 2015 fue por un monto tan bajo comparado con el actual, vale la pena resaltar que los alcances de cada uno de los contratos son muy parecidos entre sí.

Además, en los estudios previos a la contratación de 2015, en la que resultó seleccionada directamente la empresa AT Agencia de Publicidad SAS, sí se contemplaron al menos el número de empleados requeridos  para adelantar la labor requerida: un publicista, un gerente de campaña y un ingeniero de sistemas, así como un rubro para analizar el comportamiento de los usuarios en redes sociales.

Seguimiento.co consultó con fuentes de la Procuraduría General de la Nación, quienes aseguraron que este lunes fueron tramitadas hacia la dependencia respectiva todas las versiones de prensa que han surgido alrededor de la investigación periodística y que próximamente se producirán resultados de las respectivas indagaciones que se adelanten.

Este medio también conoció que en la Contraloría General de la Nación fueron allegadas denuncias ciudadanas que se manifestaron indignadas por lo desproporcionado de esta contratación. 

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