Análisis Ley del Montes: Magdalena y Santa Marta ¿Continuidad o cambio?

“El problema de Santa Marta no es la falta de acueducto: el verdadero problema es que cuando los carrotanques reparten el agua no tenemos dónde almacenarla”. Esta macondiana declaración es de Lácides Tovar, un habitante del centro de la ciudad, quien una vez a la semana debe sacar todos los recipientes de la casa para que los vehículos de Metroagua –empresa operadora del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad– los llene y así poder tener el preciado líquido para su uso y consumo.

Que el problema de Santa Marta no sea la falta de un acueducto, sino de ollas y vasijas para almacenar el agua que reparten los carrotanques cada ocho días o más, demuestra no sólo el nivel de resignación y frustración al que han llegado los samarios por cuenta de la falta del servicio del agua potable, sino la gravedad de la situación de los habitantes de la que fuera la última morada del Libertador, Simón Bolívar.

Pero no todos los samarios tienen la paciencia y la resignación de Tovar. En más de una ocasión los habitantes de más de 30 barrios de la capital del Magdalena han salido a las calles a protestar por la pésima atención de la empresa encargada de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en Santa Marta. Las revueltas populares han estado a punto de terminar en tragedias. La última crisis llegó al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, a ordenar la construcción de un acueducto que ponga fin al suplicio que viven quienes residen en la que fue considerada hace unas décadas la “Perla de América” o la “Bahía más bella del mundo”. El Gobierno Nacional aspira a que mediante la figura de la Asociación Pública Privada (APP) se solucione -¡por fin!- el grave problema de la falta de agua potable en la ciudad.

En realidad el pésimo servicio de acueducto y alcantarillado es tan solo uno de los graves problemas que afronta Santa Marta y que deberá ser solucionado por el sucesor del alcalde Carlos Caicedo, a partir del próximo primero de enero. Pese a las buenas intenciones de Caicedo por desenredar la “telaraña mafiosa” que buena parte de la clase política de la ciudad tejió, junto con funcionarios corruptos, lo cierto es que Santa Marta quedó maniatada por cuenta de decenas de concesiones que dejaron en manos de particulares el recaudo y la administración de los recursos públicos.

En los últimos cuatro años la ciudad ha dejado de recibir cerca de 370 mil millones de pesos, que –bien invertidos- habrían servido mucho para solucionar la crisis de servicios públicos que vive la ciudad. Hoy están concesionados, entre otros: alumbrado público, recaudos y tributos, aseo, semaforización, amueblamiento urbano, mantenimiento de la malla vial y manejo del mercado público. Buena parte de dichas concesiones están a punto de expirar luego de veinte años de haber sido administradas por particulares, quienes –como ocurrió con Metroagua- han sabido ordeñar muy bien esa vaca lechera, hasta el punto de que todos los ajustes al contrato original han sido para beneficiar a la empresa y nunca a quienes deberían beneficiarse de su servicio, como ocurrió con la reducción de los costos operacionales y la disminución del porcentaje que recibe la ciudad por el pago de la recaudación. En otras palabras: el futuro alcalde de Santa Marta entregará las nuevas concesiones y podrá disponer de recursos frescos para invertir en obras. Punto. El sucesor de Caicedo tendrá, pues, vaquita lechera nueva para ordeñar.

La apuesta electoral de Santa Marta y el Magdalena es hoy por hoy entre la continuidad a las administraciones actuales o la ruptura total con las mismas. En el caso de la Alcaldía, el candidato continuista es Rafael Martínez, exsecretario de Gobierno de Caicedo, quien –sin ningún pudor y con la complacencia del actual alcalde- adelanta la campaña ofreciendo el mismo menú que sirve la actual administración: “Los samarios saben que represento las ideas y las obras de Caicedo”, dice Martínez, quien tiene la ciudad inundada con avisos, vallas y pasacalles. El abuso mediático y publicitario por parte de Martínez ha sido denunciado por sus rivales más cercanos, Aristides Herrera y Rubén Jiménez. El primero es un exconcejal de la ciudad y el segundo es un joven y exitoso empresario, avalado por el Partido Conservador, quien decidió confrontar a la administración y ofrecerle otra alternativa a los samarios.

Artículo completo en El Heraldo