El testigo que puede 'enlodar' a políticos de Santa Marta en caso Metroagua

De acuerdo con Las 2 Orillas, mientras Santa Marta se debatía en angustias por la falta de agua, el Gerente de Metroagua, Diego García, andaba por las calles de la ciudad en una camioneta blindada custodiada por motoristas armados. Curiosa situación para la ciudad, pero de una implacable lógica para García mezclado en diversos asuntos no solo de esa empresa, sino de Inassa, la sociedad propietaria, que hoy lo mantienen en detención tras ser capturado en México, extraditado a Colombia y solicitado, también en extradición, por la Fiscalía de España.

Pieza clave en sobornos, señalan. Nacido en Cartagena, hijo de la pastora Lyda Arias de García, envuelta, según noticias de prensa, en escándalos nada celestiales por motivos de negocios familiares. El hijo, Diego, tuvo siempre un perfil de gran ejecutivo, sintonizado con la comunidad para solucionar problemas de uniformes deportivos para equipos y patrocinarlos, intervenir en donaciones y obras sociales publicitadas por el aparato de comunicaciones de la empresa, generador de empleo y un as para los negocios. Estaba hecho, como dicen en la costa.

Es que en Metroagua se encargaba de su manejo financiero con lo que ello significaba en asuntos económicos del pago a alcaldes, concejales, aceitar los periodistas, a los líderes de opinión cívicos y a quién se le atravesaba. Buen muchacho y servidor con la bien provista chequera.

Si les parece conocido el modus operandi, se los cuento. Un grupo de trabajadores despedidos de Metroagua S.A. E.S.P, dijeron que ellos eran parte integral de una sociedad con la cual se justificaron varias operaciones realizadas. Utilizaron a un grupo de “socios”, vinculados a esa empresa por más de 25 años a quienes les “vendían” acciones. No lograron reproducir en Santa Marta el esquema usado con tan notable éxito nacional e internacional en la Triple A de Barranquilla.

Ello también se debe a la actuación del ex alcalde de esa ciudad, Carlos Caicedo que demandó y ganó la legalidad del contrato con Metroagua, revirtiéndolo a Santa Marta, y es la misma persona que le pide a Diego García que diga –Donde dije Diego…- que mencione los nombres de los funcionarios a los cuales les pagó coimas y sobornos cuando estuvo en la alta posición de Metroagua e Inasssa. Por ese detalle la Dirección Seccional de Fiscalías en Santa Marta, investiga irregularidades administrativas para determinar si de los recursos de acueducto y alcantarillado sacaron dinero para la compra de inmuebles y vehículos de lujo.

Nada raro en el perfil de estos muchachos genios convertidos en gerentes de empresas con actuaciones irregulares.

La captura

Cuando empezó a mostrarse el entramado de corrupción de la operación Lezo, García empezó a asustarse. Sabía demasiado del asunto e indefectiblemente, vendrían a buscarlo. 

Mencionado en interceptaciones ordenadas por la justicia, trató de seguir su vida como si nada hubiera pasado. Acudía a su oficina de forma regular y en privado, minimizaba los procesos. Pero le pisaban los talones.

Llegó a México pero no pasó del aeropuerto. Un juez español, que le seguía el rastro, emitió una orden de extradición con circular roja de Interpol. De allí lo trajeron a Colombia acusado, entre otras cosas, de ser uno de los responsables de los procesos irregulares administrativos vinculados a Inassa, Triple A y Metroagua. De hecho fue participe en las tomas de la célebre filmación del 2008 de directivos españoles de Canal Extensia y Canal Isabel II, Ignacio González y Edmundo Rodríguez ingresando a una residencia con una serie de bolsas –presumiblemente de dineros de sobornos- y luego salir con ellas vacías.

La importancia estratégica de García es enorme. En una conversación grabada por la Unidad Operativa de la Guardia Civil española, es señalado expresamente de ser el encargado de sobornar a políticos y funcionarios a cambio de contratos y prebendas para Inassa. Edmundo Rodríguez, que es su jefe –por lo menos en papel- está asustado: “Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes (…) Estoy harto de decirle a Diego (García) y a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo”.

Es que García tenía poder. El exjefe paramilitar “El Canoso”, dijo en el 2014 que García, entre otros directivos de Metroagua de Santa Marta, financiaban la AUC: “Ellos financiaron a la organización por medio de cheques que salieron a mi nombre (…) Con el que más me entrevisté de estas personas fue con Diego (García) y con el doctor Roa”. De contera, aseguró El Canoso que García y otros directivos de esa empresa ordenaron el asesinato de un joven.

El ventilador

Sin escapatoria posible, a García solo le queda, dentro de sus estrategias jurídicas, la colaboración con la justicia. Y eso está haciendo, pues capturado, pedido por extradición por las autoridades judiciales españolas, su residencia en Barranquilla allanada, no le queda otra. Sabe perfectamente que conoce mucha letra menuda y su cantata será fundamental para los españoles e incluso para la Fiscalía colombiana a través de su operación Acordeón que hasta el momento no emitido ninguna melodía ni pitido.

El rol de García se cumplía al mando de la gerencia de Expansión de Inassa, algo así como la famosa “Unidad Estructurada” de Odebrecht, soportado por audios en donde queda claro su papel en la financiación de campañas políticas y el pago de dadivas a alcaldes y concejales de Santa Marta y Barranquilla.

Es que Diego García Arias, nombrado gerente de Expansión del Canal, asumió las funciones del español Edmundo Rodríguez Sobrino cuando fue destituido en abril del año 2016 por la propia Presidente del Canal de Isabel II. Uno de los sistemas usados por García y los directivos de Inassa para el pago, lo describe el periódico español El Confidencial: “El pago de las mordidas, según las fuentes antes consultadas, se hacía cogiendo dinero en efectivo depositado en cajas fuertes de Inassa. El dinero se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran, ya que el efectivo se cargaba en vehículos de Inassa para trasladarlos al punto de entrega. “Te podía parar la policía colombiana en algún control. Y si eso pasaba y descubrían el dinero, se quedaban con ello y vete tú luego a explicar para reclamarlo qué hacías con importantes cantidades de dinero en efectivo oculto en un vehículo”, explican las mismas fuentes. Ese dinero iba destinado a políticos, principalmente colombianos, que habían adjudicado contratos a las empresas que Inassa tenía en ese país. Las quejas cayeron en saco roto”.

Diego García es pues, el depositario y conocedor de las entregas de dinero a políticos y funcionarios que deben encontrarse en estado de pánico autentico de llegar a prender con toda su potencia el ventilador. Eso lo sabe la justicia española y colombiana con quienes en apariencia, ya negoció García, que sigue recluido en un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá.

Atrás quedó su bien cultivada fama de ejecutivo exitoso, de apoyo de causas sociales y benéficas. Ahora solo es un detenido, esperando una extradición, un atentado contra su vida, empeñado en negociar sus salidas y salvar el pellejo soltando sus ráfagas de verdades en torno a sobornos, coimas y todo tipo de irregularidades: un ventilador de alta potencia que puede derribar a más de uno.