Por seis delitos de hacienda, en Barcelona la Fiscalía pide cárcel para Shakira

La Fiscalía de Barcelona solicita ocho años y dos meses de cárcel para la barranquillera Shakira, a la que señala de delitos contra la Hacienda pública por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

El ente acusador presentó un escrito ante el juzgado que lleva el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país.

La artista, que ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria española y otros tres de intereses, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.

El pasado miércoles, la agencia de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía "plenamente" en su inocencia.

Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ente acusador.

En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por "dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón".

Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.

Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados "papeles del paraíso", revelaron que residía en Barcelona junto a su entonces pareja, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

La investigación indicaba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar "sin parar", que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.