257 homicidios en el Magdalena en cinco meses, según PDHAL

La situación de seguridad en el departamento del Magdalena sigue generando preocupación. Un reciente reporte publicado por la PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta, indica que entre enero y el 27 de mayo de 2025 se han registrado 257 homicidios en distintos municipios del departamento, una cifra superior a la referida por la Procuraduría General de la Nación en su boletín 494-2025, que habla de “más de 200 asesinatos” en ese mismo periodo.

Según los datos de PDHAL, procesados a partir de cifras de Medicina Legal, los municipios con mayor número de homicidios son Santa Marta (72), Ciénaga (49), Zona Bananera (35), Fundación (21) y Aracataca (16). En total, se contabilizan 241 hombres y 16 mujeres asesinadas.

La Procuraduría había alertado sobre la escalada de violencia generada por la disputa territorial entre el Clan del Golfo (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que no solo ha dejado víctimas mortales, sino también un incremento en casos de extorsión contra líderes sociales, docentes, comerciantes y campesinos.

En paralelo, la Mesa Humanitaria Región Caribe, junto con el Instituto CAPAZ, la Coordinadora Humanitaria y otras organizaciones sociales, emitió un pronunciamiento sobre el deterioro de la situación humanitaria en varios departamentos de la región Caribe. Haciendo énfasis en Santa Marta y Ciénaga. Denuncian un incremento sostenido de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos, y afirman que la violencia ha generado fragmentación del tejido comunitario y graves riesgos para la población civil.

En el documento, las organizaciones aseguran que se han presentado más de 60 eventos violentos en la región Caribe por parte de actores armados ilegales, y respaldan las alertas de la ONU sobre un posible riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas. Además, instan al Gobierno a retomar los diálogos con los grupos armados presentes en el territorio e instalar de forma urgente un Espacio de Conversación Sociojurídica con las ACSN, una solicitud hecha desde febrero de este año.

Tanto la Procuraduría como las organizaciones humanitarias coinciden en la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas para proteger a la población civil y mitigar los efectos de la violencia que afecta a buena parte del Magdalena.