Aglomeraciones políticas en Tenerife: ¿sanción selectiva?

Este primero de marzo, la Gobernación del Magdalena emitió un comunicado de prensa en el cual anunciaban el inicio de procesos sancionatorios en contra de los ciudadanos Andrés del Portillo y Helton Roncallo Miranda, por presuntamente realizar eventos masivos que han puesto en riesgo la salud pública de los tenerifanos.

Los posibles sancionados son candidatos a la Alcaldía de Tenerife. A través de redes sociales quedaron expuestas sus prácticas proselitistas, en las que calle a calle, rodeados de decenas de personas y sin ningún tipo de distanciamiento social, presentan sus propuestas, dan discursos, abrazan a simpatizantes e incluso comparten en celebraciones musicales.

No obstante, lo que empezó a generar duda es la presunta sanción selectiva por parte de la Gobernación de Carlos Caicedo, al no considerar emitir este mismo tipo de acción en contra del candidato de Fuerza Ciudadana, Julio Gómez Serrano.

Sobre este candidato, al igual que sus contrincantes, hay evidencias en redes sociales que demostraría su participación en el mismo tipo de prácticas que podrían ser sancionadas: reuniones con aglomeración de personas, violación a las normas de distanciamiento social e incluso, fotos de él mismo ignorando el uso de tapabocas en espacios públicos.

Ante tales hechos, se exhortaría al gobierno departamental, a seguir instando “que se establezcan las responsabilidades sobre la celebración de estas actuaciones imprudentes” tal como reza en el comunicado oficial.

Elección accidentada

El repentino fallecimiento del alcalde de Tenerife, Freddy Ramos Hernández, posibilitó que distintas fuerzas, movieran sus fichas para hacerse con el control político y administrativo del municipio en unas elecciones atípicas.

Fue en ese contexto que surgió la candidatura de Julio Gómez como candidato de Fuerza Ciudadana. Pero, el contar con el aval del gobierno en turno, no fue suficiente para evitar que tuviera que apelar a acciones judiciales que le allanaran el camino a la Alcaldía de Tenerife, pues, al ser candidato por un movimiento que necesita de la recolección de firmas para participar en las justas electorales, vio imposible recoger el aval de 2.000 personas dentro de las fechas estipuladas por el calendario electoral.

Por esa razón, tuvo que tratar de remediar la falta de cálculo del gobernador Caicedo (que había decretado las elecciones para el próximo 28 de marzo) y ‘entutelarlo’, al igual que a la Registraduría, para que estos comicios fueran aplazados y así poder ganar tiempo.

Un juez detuvo el proceso como medida cautelar mientras se estudiaba la petición. Finalmente, la tutela fue rechazada y se dictó la orden de retomar el calendario electoral, con algunas modificaciones para recuperar el tiempo perdido por la acción presentada por el candidato de Fuerza Ciudadana.