Detrás del PAE Magdalena: denuncias de incumplimientos y abuso laboral


Chantajes. Este fue el nombre por medio del cual, manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar del Magdalena, describieron las presiones ejercidas sobre ellas, luego que el pasado 1 de febrero denunciaran los sistemáticos incumplimientos a los compromisos de pago de sus salarios, que ya completan hasta cuatro meses de 2023.
Tal como reveló Seguimiento.co, a la Unión Temporal PAE Magdalena, el gobierno de Rafael Martínez le adjudicó el contrato por casi $57 mil millones para la operación del programa, en medio de un proceso licitatorio confuso, múltiples quejas de incumplimientos, y también, denuncias sobre el no pago de los trabajadores.
Tras la adjudicación, en el mismo Palacio Tayrona, se llevó a cabo una reunión con los entes de control donde se suscribieron compromisos para pagar a los más de 1.000 trabajadores vinculados, como manipuladores de alimentos, personal administrativo, conductores y supervisores, estableciendo como fecha límite el 29 de enero.
Para este día, los compromisos no se cumplieron, y ante la queja de los afectados, la coerción sobre ellos se hizo aún mayor.
Como primera instancia, se silenció el grupo de Whatsapp por medio del cual los trabajadores tenían comunicación directa con el gerente de la UT, y el encargado de la Gobernación del Magdalena, Camilo Aguirre.
Adicionalmente, tal como revelaron varias fuentes a Seguimiento.co, les prohibieron el ingreso a las oficinas administrativas, sabiendo que iban a adelantar la reclamación.
Se les indicó, que siguieran teniendo “paciencia” puesto que del año pasado no quedaron recursos y los $17.000 millones recibidos como anticipo para la operación de este 2024, solo alcanzan para comprar la comida.
Por ende, en conversaciones reveladas a este medio de comunicación, los contratistas les indicaron a los trabajadores que “si quieren que le paguen los meses que les deben, tienen que ir a trabajar, hacerle aseo a las cocinas en los colegios y recibir las meriendas que empezaron a llegar”, que en otras palabras, tal como lo menciona uno de los afectados “es trabajar de gratis”.
En el chat, al que solo pueden hablar los contratistas y delegados de la Gobernación, Javier Guzmán, quien se identifica como gerente del operador, envió el siguiente mensaje: “Les voy a agradecer que hagamos una limpieza en las instituciones, recibamos el alimento y yo me estaré acercando para tener una reunión con ustedes y con personal interesado en recibir información”, explicando que si iban a trabajar “ellos les pagaban”.
El descalabro financiero que tiene al borde del colapso a cientos y cientos de trabajadores, produjeron un rechazo generalizado ante el comunicado que emitió la Gobernación del Magdalena, una vez se hicieron públicas las denuncias.
Señalando, que la mujer que utilizaron para los boletines de prensa y un spot institucional, niega la realidad de sus compañeros, desde las apreciaciones sobre las supuestas condiciones de bienestar, hasta incluso, la dotación de uniformes, porque ni eso tienen.
Mientras que los entes de control brillan por su ausencia, son cientos las madres y padres de familia, que piden una ayuda para lograr que los operadores se pongan al día con sus sueldos, de los que dependen para subsistir.
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