Gobierno asegura alimentación escolar en el Magdalena durante el frente frío
En el caso de Santa Marta, son algunas comunidades indígenas las que se han visto afectada por esa situación.
Los hechos demandaron llamados de atención del ente de control que solicitó información sobre el estado de la prestación del servicio de alimentación escolar.
Desde la Secretaría de Educación se pidió apoyo al Ministerio del Interior tras advertir “problemas de representatividad y capacidad jurídica”.
Cientos de trabajadoras de todo el Magdalena, denunciaron que les deben hasta cuatro meses de salario, pero la Gobernación dijo que investigará al operador por deudas de un mes en Zona Bananera. Las mujeres protestarán.
Luis Alberto Monsalve está sindicado del delito de peculado por apropiación agravado. El kilo de hígado se facturó en $65.000.
Según la Gobernación, la Unión Temporal se comprometió con ello en una audiencia.
El suspendido gobernador del Cesar habría cometido estas actuaciones ilícitas durante su primer periodo como mandatario departamental.
Pese a que las instituciones vienen denunciando la falta de vigilancia, desde la Gobernación del Magdalena se ha hecho oídos sordos a las peticiones.
Luego que Seguimiento.co revelara el hilo de irregularidades en la adjudicación y operación del programa, el Ministerio Público pidió conocer detalles del domiliciario-contratista.
Ante los cuestionamientos por la adjudicación y fallas del programa, ha sido imposible obtener un pronunciamiento del mandatario. No obstante, un concejal denunció nuevos hechos de presunta corrupción.
El gobierno de Virna Johnson rechazó los llamados de atención de la Defensoría sobre el estado actual de los colegios, y culpó al expresidente Duque de la falta de docentes.
El pasado tres de agosto se había vivido una situación similar en San Javier, Sierra Nevada de Santa Marta.
Dijo que la procuradora Margarita Cabello desconoce “el argumento que llevó a pactar el ítem de publicidad, visibilidad y socialización” en el programa.
Al parecer, cuando fue alcalde de Santa Marta habría incrementado el presupuesto para cubrir costos que no están contemplados ni permitidos en la regulación del programa.
Además del alcalde de Cartagena, también es investigada la directora de Cobertura de Educación.
Aunque el contrato de $56 mil millones fue adjudicado el 25 de junio, de los más de 138.000 niños beneficiados, solo está llegando a 39.000.