Grave crisis humanitaria en el Catatumbo: Defensoría alerta sobre desaparición de firmantes de paz y reclutamiento de menores
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El gremio que hoy genera más de 50 mil empleos formales en el país, está a la merced de las extorsiones y violaciones de los criminales, revela el presidente de Asbama.
Así lo aseguró Antonio García, jefe de esa guerrilla, en entrevista con Red + Noticias.
El ELN ha secuestrado a más de 30 personas entre esos casos está el secuestro del odontólogo banqueño que lleva 41 días de estar secuestrado.
El incremento será asumido con recursos del Sistema General de Participaciones.
Según indicó el presidente Gustavo Petro, el recaudo de impuesto predial sería “una piedra angular” de su proyecto de reforma tributaria regional.
Entre otros proyectos tiene “la posibilidad de aprovechar la posición geográfica de Colombia para juntar el Océano Pacífico con el Atlántico y desarrollar una red férrea nacional” agregó.
Las entidades encargadas para depositar esta compensación serán el Banco Agrario, Fiduagraria, Daviplata y Nequi.
Los funcionarios implicados harían parte de los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tendrá una duración de tres meses, lapso en el que se firmarán los acuerdos generales para la paz.
El proyecto de ley tiene como objetivo que sigan cumpliendo su condena con trabajos comunitarios y no en la cárcel.
Alrededor de 35 nuevos integrantes que estarán en representación del Gobierno Nacional.
Seguridad y combustibles son una de las peticiones que pide el gremio.
El ente de control anunció el inicio de acciones disciplinarias, ante la omisión de medidas por parte del gobierno para resolver la alerta financiera de las aseguradoras del sistema.
Senadores criticaron que más de la mitad de los recursos sean dirigidos a costos de funcionamiento de las entidades.
Aún se desconoce qué territorios harán parte de estas zonas, pero sí se aseguró que el cese bilateral entre las partes se extenderá seis meses más.
El Ministerio de Hacienda explicó que el nuevo subsidio les costará a los colombianos $1,2 billones anuales.