Magistrado afín a Petro solicita a la Corte suspender investigación del CNE en su contra

La investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 podría quedar temporalmente suspendida, tras una solicitud elevada por el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien fuera secretario jurídico del actual mandatario.

Fernández, en calidad de ponente, propuso a la Sala Plena del alto tribunal que se apliquen medidas cautelares dentro de una tutela presentada por el presidente Gustavo Petro. En dicho recurso, el jefe de Estado cuestiona la decisión del Consejo de Estado que permitió al CNE continuar con el proceso, argumentando que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al fuero presidencial y al principio del juez natural.

El punto central del debate jurídico radica en si el CNE puede investigar a un presidente en ejercicio por hechos relacionados con su rol como candidato. Mientras el Consejo de Estado ha respaldado la competencia del CNE en este caso, sectores cercanos al Gobierno insisten en que solo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está habilitada constitucionalmente para llevar a cabo este tipo de investigaciones.

Cabe recordar que en agosto de 2023 el CNE formuló cargos contra la campaña de Gustavo Petro, señalando un presunto exceso en los topes de financiación por más de $5.000 millones. El gerente de dicha campaña, Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol—, también fue vinculado al proceso.

La tutela del presidente fue inicialmente presentada ante el Consejo de Estado, que la declaró improcedente. Posteriormente, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, donde quedó en manos de Fernández desde febrero de 2025. Ahora será la Sala Plena la que defina si procede la suspensión provisional de las actuaciones del CNE mientras se resuelve de fondo el caso.

Sin embargo, la participación del magistrado ha generado críticas, dado su pasado vínculo con el Gobierno como secretario jurídico de la Presidencia y su nominación al alto tribunal por parte del propio Petro. Incluso algunos sectores han planteado la posibilidad de que se declare impedido.

A este panorama se suma una denuncia reciente revelada por la revista Semana, según la cual Fernández habría sido elegido con respaldo político financiado por recursos presuntamente desviados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, versión entregada por la exconsejera Sandra Ortiz, hoy detenida por ese escándalo.