Corte cita a Cathy Juvinao por contrato para hacer lobby y “manejar la oposición”

Un polémico contrato que firmó Cathy Juvinao en el año 2020 con la Gobernación del Magdalena para hacer lobby en medios de comunicación nacionales y para “manejar la oposición”, tienen a la ahora congresista, dando explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación por el posible delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

El contrato en su momento fue abordado por Seguimiento.co, en el que se plantearon 4 dudas que surgieron una vez que se dio a conocer ante la opinión pública local, la firma de dicho acuerdo entre el gobernador Caicedo y la influencer.

Poco después de que el contrato fue firmado, Seguimiento.co envió un derecho de petición a la Gobernación del Magdalena, en el que fue solicitado el primer informe de la entonces asesora, para conocer en detalle en qué había radicado su trabajo.

De ese análisis, en Seguimiento.co establecimos 5 puntos clave que llamaron la atención. Entre estos, que el gobernador Caicedo le estaba pagando a la asesora “para reunirse con directores de medios nacionales”, así como para lograr que Caicedo participara en entrevistas a nivel nacional. También, para que Juvinao manejara la cuenta de Twitter del Gobernador, pues en el informe se evidenciaron algunos tuits de la cuenta @carlosecaicedo reportados por la asesora en su informe.

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Precisamente, ahora la Corte está revisando la posible infracción de principios esenciales de la contratación estatal, pues, según argumentó el abogado Julián Quintana, quien entabló la denuncia en contra de Juvinao y del gobernador Caicedo, el trabajo para el que la influencer fue contratada lo pudo haber desarrollado cualquier otro empleado de planta del ente territorial.

Al supuestamente haber gastado innecesariamente estos recursos, el Gobernador, según explica el abogado, pudo haber incurrido en nómina paralela.

Juvinao se pronunció en redes sociales diciendo que Quintana reencauchaba esta denuncia de hace dos años por una consultoría en comunicaciones que prestó para la Gobernación del Magdalena en el año 2020. "Nada que temer. Iremos a versión libre a la Corte Suprema y demostraremos que se trata de una denuncia temeraria”, dijo la influencer y ahora congresista.