Condenan a la Nación por desaparición forzada de sindicalista en Antioquia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Colombia, por la desaparición forzada del sindicalista Víctor Manuel Isaza Uribe, ocurrida en Puerto Nare, Antioquia, el 19 de noviembre de 1987.

En la sentencia que se dio a conocer el pasado miércoles a las partes, la CorteIDH declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la libertad sindical de Isaza.

Adicionalmente, declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a ser oído en un plazo razonable, en perjuicio de él y sus familiares, y de los derechos a conocer la verdad y a la integridad personal de éstos.

Isaza Uribe desapareció cuando sujetos no identificados lo sustrajeron de la cárcel del municipio, donde se encontraba en detención preventiva.

Víctor Manuel pertenecía al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP).

El tribunal internacional indicó que el Estado colombiano tenía una especial posición de garante respecto de la víctima, quien se encontraba privada de libertad.

"Los agentes que lo custodiaban omitieron velar efectivamente por su seguridad y protección, y dado que la respuesta investigativa del Estado no constituyó una explicación satisfactoria sobre lo sucedido, la Corte consideró que se configuró una desaparición forzada", sostiene la sentencia.

La Nación había reconocido en las audiencias su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, especialmente por las faltas de investigación y de acciones urgentes de búsqueda, así como del derecho a la integridad personal de los familiares.

Sin embargo, negó que fuera responsable de la desaparición forzada.

"Antes y después de la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe y hasta 1989, un número importante de miembros y dirigentes del sindicato SUTIMAC fueron asesinados o desaparecidos y otros tantos desplazados, lo que reveló un patrón sistemático de violencia en su contra", destaca la sentencia de la CorteIDH.

Así mismo, el texto recalca que "esa violencia ha sido principalmente atribuida al accionar de grupos paramilitares, en razón de la vinculación del sindicato con el partido político Unión Patriótica".

De acuerdo con la CorteIDH, el hecho fue perpetrado por miembros de una estructura paramilitar organizada que en ese entonces actuaba con aquiescencia de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado de Colombia.

De igual manera, el tribunal concluyó que la "desaparición tuvo relación con la actividad sindical de la víctima, lo cual habría acrecentado un efecto amedrentador en los demás miembros del sindicato, por lo cual se determinó que el Estado de Colombia es responsable por la violación de su libertad sindical".

Por último, como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó fortalecer los mecanismos de protección para sindicalistas, representantes y organizaciones sindicales, así como continuar con la investigación y búsqueda de Isaza.