Condena de 7 años a menor que asesinó a Miguel Uribe genera indignación

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) dictó la primera condena por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El responsable, un joven de 15 años que disparó contra el dirigente político el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en Bogotá, fue sancionado con siete años de privación de libertad en un centro especializado de atención para menores.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el adolescente, conocido con el alias de Tianz, fue contactado por una estructura criminal para ejecutar el ataque. Recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga, alias Chipi, y se dirigió al lugar donde Uribe lideraba un evento político. Allí le disparó en la cabeza y en una pierna, causando heridas que lo llevaron a la clínica Santa Fe, donde falleció semanas después. El menor fue capturado a pocas cuadras de la escena por miembros del esquema de seguridad del precandidato.

Durante la audiencia de acusación, el joven aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, lo que permitió un fallo anticipado y la imposición de la pena, una de las más altas previstas por la Ley de Infancia y Adolescencia, cuyo máximo es de ocho años.

Reacciones y críticas

La decisión ha generado un fuerte debate político y jurídico. Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, manifestó que, aunque la sanción es la más severa dentro de lo permitido, “nunca se equipara con la vida arrebatada ni con el dolor causado”. Según él, la norma incentiva a que grupos criminales utilicen menores en este tipo de delitos.

Desde el Centro Democrático, colectividad a la que pertenecía Uribe, también hubo rechazo. Gabriel Vallejo, su presidente, calificó la condena como “una vergüenza que revictimiza no solo a la familia, sino a todo un país”. Otros congresistas, como Hernán Cadavid y Christian Garcés, insistieron en la necesidad de reformar la legislación para que los menores vinculados a homicidios no gocen de beneficios penales reducidos.

De manera transversal, distintas voces coincidieron en que, más allá de la sanción al sicario, el reto ahora es identificar y judicializar a los autores intelectuales del crimen, pues se trataría de una estructura organizada que habría ofrecido 20 millones de pesos por el asesinato.

La condena aún puede ser apelada por la defensa del joven y será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, el adolescente permanecerá bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que deberá definir el centro de reclusión adecuado para su proceso de resocialización.