Los 4 pozos de agua en Santa Marta: así pasaron de licitación a contratación a dedo

El pasado 7 de junio, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo y otros funcionarios por la contratación de cuatro pozos de agua, el 2 de abril de 2014, con una empresa que, según los entes de control (incluyendo la Contraloría), no fue idónea para la ejecución del contrato.

Seguimiento.co accedió al pliego de cargos, un documento de 64 páginas, en el cual se da cuenta, entre otras cosas, sobre la manera en que, en medio de la crisis por el desabastecimiento de agua en Santa Marta, la Alcaldía dilató el proceso de licitación pública durante un año hasta que decretó una urgencia manifiesta, lo que le permitió, posteriormente, seleccionar el contratista en un proceso privado y directo.

De licitación a contrato a dedo

El propósito de construir los cuatro pozos profundos que hoy tienen en líos al exalcalde Carlos Caicedo nació en el año 2012, durante su primer año de administración, con el documento denominado ‘Plan de Mejoramiento integral de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Santa Marta 2012-20’15’.

En ese documento, se estableció que Metroagua, empresa que maneja el servicio público en Santa Marta, estaría encargada de los diseños para la construcción de los pozos N. 5 (Troncal), Pozo N. 27 (Mamatoco), Pozo N. 28 (Vía Alterna) y Pozo N. 29 (San Pedro Alejandrino), para proceder con la debida licitación pública con una inversión de $1.085 millones.

Así lo hizo la empresa, que allegó los estudios a la Oficina de Planeación del Distrito el 31 de octubre de 2012. Sin embargo, el tiempo pasó y, pese a la grave crisis de desabastecimiento de agua, la Alcaldía no adelantó el proceso de licitación. Tanto así, que no solo Metroagua, sino también la Defensoría del Pueblo, enviaron oficios en julio de 2013 solicitando información sobre las demoras para adelantar el proceso licitatorio.

Fue hasta enero de 2014, más de un año después de que estuvieron listos los estudios previos, que la Alcaldía de Santa Marta tuvo listos los estudios previos, en donde informaban que realizarían una licitación pública.

Sin embargo, el 27 de marzo de ese mismo año, el entonces alcalde Carlos Eduardo Caicedo expidió el decreto 043 de 2014, mediante el cual, argumentando la “sequía” y el “desabastecimiento de agua potable”, justificó una calamidad pública en la que incluyó en un plan de acción la construcción de los 4 pozos de agua que hasta el momento no había contratado.

Acelerador a la 'contratación privada'

Amparado en la calamidad pública, Carlos Caicedos procedió entonces a elaborar en tan solo un día los estudios previos que le permitirían contratar la construcción de los 4 pozos de agua en un plazo de 90 días y con un presupuesto de $1.461 millones.

En tan solo cuatro días, el entonces alcalde procedió entonces a “invitar directamente” a tres oferentes a que presentaran una propuesta y, en tan solo un día, decidió elegir a la empresa Ingeniería del Caribe LTDA (Indecar), para otorgarle la construcción de los cuatro pozos de agua.

Fue así que el 4 de abril de 2014, en un proceso express que no duró más que tres días, el exalcalde Caicedo suscribió el contrato  262 de 2014 con el compromiso de dar un anticipo del 50%, un pago del 25% cuando se hubiesen construido 3 de los 4 pozos y un 25% cuando estuviese el 100% de la obra, todo ello en un margen de tres meses de ejecución.

Por la ejecución de este contrato, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar, así como también en contra de Efraín Vargas Corvacho, quien se desempeñaba como gerente de proyectos de Infraestructura de la Alcaldía de Santa Marta, y José de la Hoz Bolaño, representante legal de la empresa encargada de hacer la interventoría (Ingenieros y Arquitectos Asociados LTDA).

Asimismo, como lo dio a conocer Seguimiento.co, la Gerencia Departamental de la Contraloría emitió un informe final en el que no solo se señaló un detrimento patrimonial por 375 millones 614 mil 135 pesos (puesto que de los 4 pozos solo funcionaron dos), sino que reveló que la Alcaldía supo sobre altos niveles de coliformes fecales en las aguas de los pozos, y esta no hizo nada para desinfectarlos y hacer que fueran aptas para el consumo humano.