Campesinos de Salaminita siguen esperando que el Estado reconstruya su pueblo

Las familias de Salaminita, corregimiento de Pivijay que en 1999 fue destruido por las Autodefensas y en 2016 una sentencia de restitución de tierras ordenó reconstruir, siguen esperando que las entidades del Estado les cumplan.

Hace un año, 10 familias retornaron a los predios que el Estado les restituyó, pero donde todavía no hay viviendas dignas, ni agua potable, electricidad, escuela, puesto de salud ni proyectos productivos. Algunos han levantado ranchos de barro, tablas y plásticos y se abastecen de agua de un jagüey donde también beben los animales.

Por eso, en la mañana de este viernes cerca de 20 personas bloquearon el kilómetro 17 de la vía que comunica a Fundación con Pivijay, donde quedaba Salaminita, para exigir respuestas del Gobierno.

“La comunidad de Salaminita cansada de esperar el cumplimiento de la sentencia decidió bloquear la vía por hora y media. Hace dos años salió la sentencia y todavía no se cumplen las órdenes y hoy (viernes) se cumple un año que 10 familias decidieron retornar sin acompañamiento (...) No es justo que estas familias, a pesar de tener sentencia en mano y tanto tiempo de olvido, tengan que pasar todas estas necesidades”, dijo Lesa Daza, líder de la comunidad organizada en Asorenacer.

El 7 de junio de 1999, en el centro poblado de Salaminita 30 paramilitares del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas, bajo el mando de Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’,  asesinaron a la inspectora de Policía, María del Rosario Hernández Álvarez, y a los campesinos Óscar Barrios y Carlos Cantillo, lo que provocó el desplazamiento masivo de los pobladores hacia otros municipios del Magdalena y del país.

Meses después de la masacre, los ‘paras’ desvalijaron las casas, se llevaron los postes de energía, se robaron los muebles y enseres y con un buldócer tumbaron todas las viviendas. El pueblo desapareció. 

El 16 de diciembre de 2016, el Tribunal de Restitución de Antioquia les restituyó sus predios a 38 familias de Salaminita y le ordenó a la Alcaldía de Pivijay, la Gobernación del Magdalena y la Nación reconstruir el pueblo, garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios y la prestación de los servicios de salud  y educación, con la construcción y dotación del centro de salud y el colegio, pero nada de esto se ha cumplido. La restitución se quedó en la entrega material y títulos de propiedad de los lotes.

”Hemos buscado los medios para que la Alcaldía de Pivijay, por lo menos, nos envíe un carrotanque con agua, pero no ha sido posible. En cuanto a la electrificación, las redes pasan por encima de nosotros y cuando Salaminita existió teníamos luz, hoy en día no podemos contar con ese servicio. Por eso decidimos cerrar la vía para ver si de esa forma nos escuchan”, dijo Daza.

Ante la falta de garantías para el retorno, el resto de familias desplazadas siguen desperdigadas por Fundación, Santa Marta, Pivijay, Barranquilla y Maicao (La Guajira) hasta que el Gobierno cumpla con lo ordenado por los jueces para volver a su terruño.