A la cárcel gestor de paz de Petro, sería dueño de la droga que transportaba ‘Narcochofer’ en 2022

La justicia colombiana dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’, un abogado designado como gestor de paz mediante la Resolución 043 del 13 de octubre de 2022.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara formalmente de integrar una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y de ser presunto copropietario de cerca de tres toneladas de cocaína transportadas en esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante el desarrollo de las audiencias, el ente acusador le imputó a Vélez los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir agravado. Según expuso la fiscal del caso, el principal testimonio en contra de alias ‘El Mono’  es el de Manuel Antonio Castañeda, el denominado ‘narcochofer’ de la UNP, quien lo identificó como el coordinador operativo y financiero de la organización.

Para sustentar la solicitud de privación de la libertad, la Fiscalía presentó un paquete probatorio compuesto por:

 Interceptaciones telefónicas y chats cifrados.

 Consignaciones bancarias.

 Más de 571 registros de datos asociados a líneas telefónicas vinculadas a la red.

 Registros de reuniones entre Vélez y el ‘narcochofer’ sostenidas en Bogotá durante el 2022.

 La declaración de Nasly Toro, esposa de Castañeda, quien confirmó que Vélez envió dinero para costear la defensa jurídica de su esposo con la intención de “silenciar a un eslabón de la organización”.

El ente investigador sostiene que el procesado habría participado en al menos 11 desplazamientos de cocaína y marihuana hacia departamentos como Huila, Meta, Antioquia y La Guajira. Asimismo, la fiscal cuestionó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no aportó los soportes documentales necesarios que justificaran la inclusión de Vélez en el programa de gestores de paz.

Por su parte, la defensa de Vélez rechazó de manera enfática la acusación. Argumentó que el expediente se soporta casi en su totalidad en los relatos de Castañeda, a quien calificó de “mentiroso compulsivo”.

De igual forma, el abogado defensor aseveró que la acreditación de su representado como gestor de paz se hizo conforme a la ley y que los desórdenes administrativos de la Oficina del Alto Comisionado no le son imputables al procesado.

Pese a los alegatos, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el traslado del imputado a una prisión.