“Nos quieren silenciar”: víctimas del conflicto reaccionan a fallo a favor de Sandra Ramírez

Organizaciones y víctimas del conflicto armado manifestaron su preocupación por una reciente sentencia de la Corte Constitucional que falló a favor de la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y hoy congresista del partido Comunes. Para quienes han denunciado crímenes cometidos durante su paso por la guerrilla, la decisión representa una “mordaza” que, aseguran, termina silenciando sus testimonios.

El fallo, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, ordena rectificaciones y disculpas públicas por señalamientos realizados contra Ramírez, bajo el argumento de que, tras la firma del Acuerdo de Paz, se reincorporó a la vida civil y política y no tiene investigaciones abiertas o vigentes en su contra por esos hechos.

Sin embargo, varias víctimas sostienen que han entregado durante años información y testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin que hasta ahora se hayan iniciado procesos formales que permitan esclarecer responsabilidades. Entre las denuncias figuran presuntos casos de abuso sexual, tortura y reclutamiento forzado de menores.

Una de las mujeres que ha declarado ante la JEP afirmó que la sentencia “no limpia la verdad, sino que silencia a las víctimas”, al considerar que el fallo limita la posibilidad de hacer señalamientos públicos sobre hechos que, aseguran, aún no han sido investigados de fondo. Otras denunciantes coincidieron en que la decisión judicial refuerza una sensación de desprotección y de impunidad.

Las víctimas también alertaron que, tras hacer públicos sus relatos, han recibido amenazas, situación que —según indican— se agrava con decisiones judiciales que priorizan la protección del buen nombre de excombatientes sin que exista un pronunciamiento definitivo sobre las denuncias en su contra.

El fallo se originó por una tutela presentada tras acusaciones hechas en redes sociales contra la congresista, lo que derivó en la orden de rectificación y excusas públicas, así como en la obligación de aclarar que no existen pruebas actuales que la vinculen con actividades criminales.

A este debate se sumaron voces políticas como la de Ingrid Betancourt, exsecuestrada por las Farc, quien cuestionó la decisión del alto tribunal y pidió mayor respaldo institucional a las víctimas del conflicto armado. En un mensaje, señaló que Colombia no puede seguir “normalizando la impunidad” ni relegando a quienes sufrieron los crímenes.

Mientras tanto, las víctimas insisten en que sus relatos no pueden ser borrados por una sentencia y reiteran su llamado a que la JEP avance en los procesos pendientes. “Nuestra historia sigue ahí, aunque intenten silenciarnos”, afirmaron.