Hacinamiento en centros de detención carcelaria llega al 142% en Colombia

El hacinamiento en las cárceles colombianas se agudiza y deja en evidencia las condiciones infrahumanas del sistema penitenciario. De acuerdo con cifras del INPEC, al 23 de septiembre de 2025 la sobrepoblación carcelaria alcanza el 28,6 %, un incremento de 2,1 puntos frente al año anterior.

Así lo reveló Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, al advertir que esta crisis del hacinamiento en Colombia golpea con mayor fuerza a los centros de detención transitoria, donde la sobrepoblación supera con creces la capacidad instalada, albergando a más del doble de personas para las que fueron diseñadas.

“Las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad ameritan permanente reflexión y trabajo para su dignificación. El 24 de septiembre se celebra la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos. Aprovechamos esta fecha para recordar la imperiosa necesidad de superar el estado de cosas inconstitucional al interior de las cárceles y centros de detención transitoria que desde hace tiempo constituye la realidad de nuestro país”, dijo el académico.

Hacinamiento en establecimientos carcelarios y centros de detención transitoria

Según los tableros estadísticos del INPEC, el porcentaje de hacinamiento en los establecimientos carcelarios al 23 de septiembre de 2025 es del 28.6 %, registrándose un aumento del 2,1 % desde el año pasado. Esto significa que la población privada de la libertad en dichos centros es hoy de 104,395, pese a que únicamente existen cupos para 81,139 personas.

Si bien pareciera que esta es una situación que únicamente afecta a los hombres, pues a nivel global se reporta que no existe hacinamiento para las mujeres privadas de la libertad, ello no es así. Existen cárceles para mujeres con altísimos porcentajes de hacinamiento. Por ejemplo, en Bogotá este llega al 40,85 %, mientras que en el departamento del Cesar asciende al 140 %, reveló Escobar.

En los centros de detención transitoria la situación es igualmente dramática, advierte el director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario. De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Justicia, con corte al 15 de septiembre de 2025, el porcentaje de hacinamiento en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata es del 142,56 %.

“Es decir, hay capacidad en salas para 9,687 personas, pero estas cuentan con 20,889. No sobra resaltar que, como su nombre lo indica, los centros de detención transitoria no están diseñados para la reclusión prolongada sea a título de condena o detención preventiva”, comentó Escobar.

Vulneraciones a los derechos de las personas privadas de la libertad

Para el experto, importantes como son estas cifras, el hacinamiento es apenas un síntoma del problema real que también se refleja en vulneraciones a los derechos a la salud, alimentación, y acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, entre otros.

Este problema no se resuelve mediante la construcción de más establecimientos y su correlativa ampliación de cupos carcelarios. Tal ha sido la solución histórica por parte de distintos gobiernos cuyo fracaso ha sido rotundo. Tampoco se resuelve con la privatización de las cárceles que ahora pregonan algunas voces. La experiencia comparada ha evidenciado los numerosos peligros detrás de estas iniciativas, explicó Escobar.

La realidad es que el estado de cosas inconstitucional en las cárceles obedece a una política criminal de estado que no ha centrado sus esfuerzos en la prevención del delito a partir de datos empíricos y que, cuando se produce el fenómeno criminal, se ha orientado al incremento punitivo sin explorar verdaderas alternativas a la reclusión o a la misma judicialización, agregó.

“Una política criminal que tampoco pretende la resocialización de las personas privadas de la libertad, más allá de que para algunos este concepto resulte problemático si se considera que la mayoría de estas han sido históricamente excluidas de buena parte de nuestras dinámicas sociales. Por ejemplo, según los tableros estadísticos del INPEC hay 4,318 personas privadas de la libertad que no saben leer y escribir, pero únicamente 1,374 se encuentran vinculadas a programas de alfabetización”, señaló Escobar.