¿Mordaza estadística? La polémica ley que limitaría la publicación de encuestas en Colombia

Una nueva ley aprobada por el Congreso de la República ha abierto un amplio debate en Colombia sobre los límites a la publicación de encuestas electorales. La norma, que está a la espera de sanción presidencial, introduce restricciones significativas en los tiempos y condiciones bajo los cuales las encuestadoras pueden divulgar estudios de intención de voto.

De acuerdo con el texto, las encuestas de carácter electoral solo podrán hacerse públicas dentro de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripción de candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, esto significa que los resultados sobre intención de voto solo podrán conocerse a partir del 31 de octubre de 2025. La medida busca reducir la influencia prematura de los sondeos en la opinión pública, pero también ha despertado inquietudes por sus posibles impactos sobre la transparencia y el acceso a información.

Además de esta limitación temporal, la ley establece nuevas exigencias técnicas y administrativas. Las firmas encuestadoras deberán entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) microdatos anonimizados, fichas metodológicas completas, grabaciones de entrevistas, formularios y hasta el código computacional utilizado. También deberán cumplir requisitos de experiencia mínima y estar registradas formalmente ante el CNE.

Sectores del gremio encuestador han manifestado su preocupación por el alcance de la norma. Víctor Muñoz, de Guarumo, advirtió que la restricción representa una “mordaza estadística” que favorece a los candidatos ya posicionados y reduce la visibilidad de nuevas alternativas. César Caballero, de Cifras y Conceptos, sostuvo que la carga operativa y económica será tan alta que muchas firmas podrían abstenerse de publicar encuestas, lo que empobrecería el debate democrático.

Otro aspecto polémico es la posibilidad de sanciones penales para las encuestadoras que incumplan las disposiciones. Expertos han advertido que esto puede desincentivar la participación de nuevas firmas en el mercado y generar un ambiente de autocensura en la producción de datos electorales.

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora Alejandra Barrios reconoció que si bien las encuestas deben ser reguladas con responsabilidad, también son una herramienta clave para la ciudadanía. “Limitar su publicación puede afectar la capacidad del votante de tomar decisiones informadas”, señaló.

A pesar de las críticas, quienes impulsaron la ley –entre ellos congresistas de diversas bancadas como Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López– afirman que la intención es fortalecer la calidad técnica de las encuestas y evitar su manipulación.

La última palabra la tiene el presidente Gustavo Petro, quien deberá decidir si sanciona o no una ley que podría modificar de forma profunda la manera en que se mide y comunica la opinión política en Colombia.