Pliego de cargos a 3 policías de Santa Marta por 'traslado irregular' de Enrique Vives
Casi dos años después del accidente fatal en el que el empresario Enrique Vives Caballero acabó con la vida de seis jóvenes en el sector de Gaira, las noticias aún siguen dando de qué hablar.
En esta ocasión, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de tres integrantes de la Policía Metropolitana de Santa Marta por presuntas irregularidades en el traslado de Enrique Vives Caballero, quien se encontraba privado de la libertad por el homicidio de seis personas y lesiones a otra, tras arrollarlos estando en estado de embriaguez, el 13 de septiembre de 2021.
Los involucrados son el intendente Julio Gaspar Hernández López, el intendente jefe, Alex Cruz Pedraza Pedraza y el capitán Billy Rubén Andrews Junco.
El intendente Julio Hernández, como jefe de turno del Centro de Traslado por Protección de la Policía Metropolitana, tendrá que explicar por qué permitió la salida de Vives Caballero hacia la clínica Perfect Body en un vehículo particular, sin que existiera emergencia médica alguna y sin la autorización del fiscal séptimo seccional de URI.
Según la Procuraduría, desde el momento en que el empresario fue capturado, en la madrugada del 13 de septiembre de 2021, tenía ya condición de indiciado y tenía que quedar a cargo de la Fiscalía.
También se cuestionó la conducta del uniformado Cruz Pedraza quien, como responsable superior de los reclusos de los Centros de Traslado por Protección, posiblemente no supervisó la salida del capturado.
De otra parte, el Ministerio Público manifestó que, a pesar de que Vives Caballero conoció oportunamente la realización de la audiencia prevista para el 16 de septiembre de 2021 en la Clínica Perfect Body, el hoy condenado abandonó este centro médico y fue llevado a la fundación FUSAM donde los médicos legistas constataron su estado de salud, el cual no ameritaba compromiso grave que justificara el desconocimiento de los protocolos policiales.
Por este último traslado, la Procuraduría también formuló cargos al capitán Andrews, en su condición de comandante de la Subestación de Policía Gaira quien no habría cumplido con el “Protocolo para la aplicación de las medidas de traslado por protección” establecido en la Policía Nacional.
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