Moto inmovilizada en Santa Marta terminó en La Guajira con $6 millones en multas
Una motocicleta que debía permanecer inmovilizada bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación terminó circulando por municipios de La Guajira y acumulando más de $6.381.800 en comparendos, mientras su propietaria enfrenta cobros, reportes y amenazas de embargo. Hasta ahora, ninguna entidad asume responsabilidad directa.
Ángela María Machado asegura que cumplió con todos los requerimientos tras el accidente ocurrido el 21 de diciembre de 2016, en la calle 47 con carrera 21F de Santa Marta, donde su motocicleta de placas JJE17C resultó involucrada. El vehículo fue inmovilizado y puesto a disposición de la Fiscalía dentro de la noticia criminal NUNC 470016001018201603106.
“Esto es una injusticia. Yo entregué la moto y cumplí con todo. Ahora me quieren cobrar una deuda que no es mía”, afirmó la afectada.
Un vehículo que “debía estar en patios”, pero nunca ingresó
Según respuesta de la Fiscalía 15 Local UCP y Querellables, el vehículo debía permanecer en el parqueadero Talleres Unidos. Sin embargo, el establecimiento negó haberlo recibido y no existe constancia documental de su ingreso a patios.
La propia Fiscalía reconoció que no se presentó solicitud formal ante un Juez de Control de Garantías para la entrega del vehículo, por lo que este debía continuar bajo custodia judicial.
Por su parte, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena, certificó que los automotores involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
No obstante, el rastro físico del vehículo desde su inmovilización no tiene trazabilidad clara ni registro verificable sobre su ubicación.
“Mi moto nunca debió salir de custodia. Si se perdió o la dejaron circular, no fue por culpa mía”, sostuvo Machado.
Comparendos en La Guajira y un limbo administrativo
Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer comparendos en municipios como Albania y Maicao, en La Guajira, lo que evidencia que el vehículo estaba circulando pese a su condición judicial.
La Empresa de Sistemas Integrados de Tránsito y Transporte de Santa Marta S.A.S. (ESITTS) confirmó que el vehículo figura con sanciones y que quedó a disposición de la Fiscalía, pero aclaró que no tiene competencia para eliminar comparendos impuestos por otras autoridades.
La Fiscalía, a su vez, indicó que no puede anular multas por tratarse de actuaciones administrativas que corresponden a las autoridades de tránsito. La Policía reiteró que cumplió con dejar el vehículo bajo control judicial.
“Todos se lavan las manos. Nadie responde, pero a mí sí me cobran y me dañan el nombre”, denunció.
Mientras las entidades se remiten competencias entre sí, las multas superan los seis millones de pesos y el proceso de cobro continúa activo. La propietaria insiste en que el vehículo estaba bajo custodia judicial y exige que se establezca quién tuvo realmente el control material de la motocicleta desde 2016.
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