Los 10 puntos del Consejo Académico para disminuir matrículas de estudiantes de Unimagdalena

El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, a través de un comunicado expuso 10 puntos sobre las propuestas que presentará ante el Consejo Superior de la institución basados en el pago de las matrículas de los estudiantes ante la situación compleja que se vive por el covid-19.

En el documento el Consejo Académico de la Unimagdalena señala que el pasado 8 de mayo en la reunión que sostuvieron con el Consejo Superior, el gobernador Caicedo realizó pronunciamientos con cierto nivel de impulsividad por desacuerdos con miembros representantes de la institución.

 “El gobernador expuso una propuesta normativa que además de poco rigurosa, resulta violatoria de la autonomía universitaria de nuestra institución”, explica el documento.

El consejo Académico reitera su desavenencia alrededor de ataques o señalamientos en contra de cualquier miembro del CSU, muestra su inconformidad ante la propuesta de acuerdo presentada por el gobernador y hace un llamado a los estamentos universitarios a mantenerse atentos y cerrar filas en torno a la defensa de la autonomía universitaria.

Estos son los 10 puntos acordado por el Consejo Académico en sesión ordinaria y por unanimidad de sus integrantes:

•  El Consejo Superior Universitario es un cuerpo colegiado que adopta decisiones en pleno ejercicio del respeto y la democracia, por consiguiente, resulta desatinado, de parte de cualquier miembro, el tratar de imponer decisiones que no tienen el consenso del resto de integrantes del organismo y resulta absolutamente inadmisible atentar contra la opinión de quien no comparta razones o decisiones que, en su autonomía considera, inconvenientes para la institución. Por esa razón, el Consejo Académico manifiesta su inconformidad por los reiterados y públicos descalificativos a los que se ha sometido al representante de los estudiantes, elegido democráticamente por sus compañeros y vocero natural de las aspiraciones de la comunidad estudiantil.

•  Estamos convencidos que la educación superior pública de calidad, gratuita y universal, debe ser un derecho de todos los colombianos, pero consideramos que la garantía de este derecho debe residir en el Estado, representado por los gobiernos nacional, departamental y distrital que deben disponer y distribuir entre las universidades, los recursos suficientes para hacer efectivo este derecho.

•  La actual dirección universitaria, bajo el liderazgo del rector, con cuidadosa y responsable planeación presupuestal, ha reiterado su compromiso con la inclusión como un sello que distingue a la Universidad del Magdalena. En el marco del Plan de Gobierno 2016-2020 “Una Universidad más Incluyente e Innovadora” se han desarrollado diferentes estrategias para promover la inclusión, la permanencia y la graduación de los estudiantes, a través de apoyos económicos para monitores académicos, ayudantes de investigación, extensión y administrativos, estudiantes de prácticas, y otras modalidades de apoyo e inclusión. En este sentido, las acciones ejecutadas a través del programa Talento Magdalena constituyen ejemplo de ese compromiso que incluso va más allá de la gratuidad de las matriculas para estudiantes en condición de vulnerabilidad y exclusión, procedentes de territorios municipales históricamente abandonados y que, a través del programa, aseguran la sostenibilidad y permanencia con dignidad durante sus estudios profesionales en nuestra institución.

•  La actual pandemia que, inesperadamente azota la humanidad y arrastra graves consecuencias ambientales, sanitarias, académicas y económicas para las comunidades y específicamente para buena parte de nuestros estudiantes, ha sido abordada institucionalmente con medidas administrativas y académicas para responder con criterio de adaptación y pertinencia ante la coyuntura, cuidando siempre la salvaguarda del prestigio académico y la sostenibilidad financiera de la Universidad. Por esta razón, consideramos injusta e irrazonable la propuesta consignada en el proyecto de acuerdo superior, que pretende descargar sobre el precario presupuesto de la Universidad la responsabilidad de financiar la gratuidad de la matrícula, durante el siguiente semestre, para prácticamente la totalidad de los estudiantes que actualmente cursan programas académicos en nuestra institución.

•  Instamos a todos los miembros del Consejo Superior al cumplimiento de las normas y estatutos internos de ese cuerpo colegiado para evitar hechos, como el ocurrido en la última sesión donde el Gobernador del Magdalena presentó y pretendió hacer aprobar un proyecto de Acuerdo Superior, sin el cumplimiento del procedimiento establecido en las normas internas. El Acuerdo Superior expuesto por el Gobernador del Magdalena el 8 de mayo, solo se remitió a los demás Consejeros un día después de la sesión, y a pesar de publicitarse por los medios de comunicación de la Gobernación como un proyecto presentado al CSU, éste a la fecha no ha cumplido ninguno de los trámites mínimos para su estudio y aprobación por parte del mismo.

•  Rechazo público y absoluto a la intención del proyecto de acuerdo presentado por el señor gobernador, donde se evidencia una violación flagrante al mandato constitucional que consagra la autonomía universitaria como derecho de las instituciones de educación superior a darse su propia organización y estatutos. De ahí que nos manifestamos en total desacuerdo con la pretensión planteada en el texto del proyecto de acuerdo superior, de modificar y reorientar el presupuesto vigente de la institución introduciendo recortes en las asignaciones establecidas legalmente con el fin de garantizar la sostenibilidad, continuidad y desarrollo de proyectos considerados estructurales para el desarrollo académico de corto, mediano y largo plazo en la Universidad.

•  La propuesta del señor gobernador de cambiar la destinación de $11.500.000. 000.oo en el presupuesto universitario constituye una decisión que deja sin sustento financiero inversiones absolutamente necesarias, como es el Fondo de Investigación, afectando directamente la generación de conocimiento científico, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística que tanto requiere la región y el país.  Es imperativo tener en cuenta que en estos momentos de crisis sanitaria que obliga al distanciamiento social y por consiguiente al cambio en la modalidad de los ambientes de aprendizaje, nos vemos forzados como IES a la no presencialidad y se requieren para ser efectivos, inversiones importantes tanto en cantidad de horas de atención de nuestros docentes, como en mediaciones tecnológicas, equipos, software, licencias, fortalecimiento de la capacidad de tráfico en internet, simuladores, aulas informatizadas, entre otras.

•  El recorte presupuestal en inversión e investigación propuesto por el señor gobernador, da por hecho que el segundo semestre académico de 2020 transcurrirá en confinamiento, sin embargo, el gobierno nacional ha contemplado, en medio de la incertidumbre que podría haber, un retorno gradual a las actividades académicas presenciales en todo el sistema educativo. Ante esa eventualidad, está claro que las medidas de bioseguridad exigen que el tamaño de los grupos de clase disminuya por lo menos a la mitad, quiere decir, que la Universidad necesitaría el doble de su actual planta docente, infraestructura física, laboratorios, salas de trabajo, equipos de apoyo y salidas de campo, además de la adquisición de equipos de protección y bioseguridad para estudiantes, docentes y funcionarios. Está claro que las exigencias presupuestales en este escenario se incrementan exponencialmente en lugar de disminuir como lo afirma el gobernador en el proyecto de acuerdo por él sustentado.

•  La propuesta realizada por el Gobernador, conforma un órgano supra institucional llamado Comité de Verificación y Seguimiento, encargado de verificar traslados presupuestales, contratar la ejecución presupuestal, diseñar y aplicar mecanismos, entre otros, lo cual usurpa las funciones de los órganos y empleados institucionales, generando una grave vulneración a la Autonomía Universitaria, puesto que incluso se establece un delegado del gobernador como miembro de este órgano. Esta acción además de ilegal, resulta lesiva de la Autonomía Universitaria, y afecta la independencia de la academia de las dinámicas políticas del departamento.

•  Los hechos y actuaciones acaecidos en la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario el 8 de mayo de 2020, ameritan que los órganos de control y autoridades competentes estén atentas para adoptar las medidas de contención necesaria para impedir la vulneración del orden jurídico establecido para la administración y gestión universitaria y solicita a la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y el Ministerio de Educación Nacional su concentrada atención en el desarrollo de decisiones que afecten el normal cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad del Magdalena.