¿Chivo expiatorio en los pozos de Carlos Caicedo?

No sé si usted lo sabe, pero el exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo tiene tremendo enredo con los entes de control: ¿La razón? Porque en abril del año 2014, en plena crisis por el acceso al agua, el entonces mandatario de los samarios contrató la construcción de 4 pozos profundos por un valor que superó los mil millones de pesos.

Hoy, dos años después de esa contratación, los entes de control revisan algunas cosas que podrían desembocar en serias responsabilidades disciplinarias y fiscales. Por un lado, la Procuraduría revisa por qué la la Alcaldía dilató el proceso de contratación por licitación pública (como debería ser) por más de un año y, ahí sí, cuando declararon la calamidad pública, salieron corriendo a contratar a una empresa que no contaba con la experiencia ni con la idoneidad para contratar. Y como les gusta: ¡A dedo!

De otro lado, La Contraloría analiza un detrimento patrimonial de casi $400 millones (botados a la ‘basura’, como quien dice), porque de los 4 pozos, solamente funcionaron dos, muy a pesar de que el billetico se pagó hasta el último peso.

Pero por si eso fuera poco, la Contraloría asegura que los pozos que sí funcionaron tenían altos niveles de coliformes fecales y que la Alcaldía, aunque sabía de esto, no hizo nada para purificar el agua que se le entregó a los samarios. Como dicen popularmente, nos puso a tomar agua de caca. ¡Disculpen la vulgar, pero real expresión!

En este punto, los 4 gatos que me leen dirán: ¡Ajá! Pero si todo eso ya lo han contado: ¿Y qué es lo nuevo en todo este cuento?

Lo nuevo es que, al mejor estilo del que voltea una arepa, los que tendrían que dar las explicaciones del caso por el papel que jugaron en este extraño proceso de contratación, quieren lavarse las manos, como dice un mamador de gallo amigo, “como si fueran Poncio el Piloto”.

Aunque usted no lo crea, los días 21 y 22 de julio, la Procuraduría Regional del Magdalena escuchará en “declaraciones juradas” a 8 exfuncionarios de la Alcaldía sobre la presunta responsabilidad que podría tener un pobre funcionario de carrera, sin ningún poder político, y a quien quieren pretenden clavar ahora como un chivo expiatorio de todo este asunto.

Sergio Alberto Castiblanco Silva, quien tiene la mala suerte de ostentar el cargo de ‘líder de contratación’, no tiene que ver con los temas más allá que lo que su rimbombante título del cargo dice, pues en el año 2013 –un año antes de que se firmara el polémico contrato de los pozos- el propio alcalde Carlos Caicedo se encargó de firmar un decreto (el 101 del 13 de abril de 2013), a través del cual le quitó las funciones propias de su cargo, para dárselas al asesor del despacho del alcalde en temas de contratación.

¿Por qué entonces el llamado a tener que defenderse es una persona sin ningún poder de decisión en contratación? ¿Por qué Jorge Miguel Guevara Gragozo, por ejemplo, figura como declarante en contra de este funcionario si quien cuenta con el poder de decisión sobre los temas de contratación es él mismo? ¿Es coincidencia que quienes van a dar declaraciones en contra del funcionario, que nada tiene que ver en el tema de los pozos, sean todos –o hayan sido- personas de confianza de Carlos Caicedo, a quien sí le formularon pliego de cargos?

Al paso que esto se está moviendo, aquí ya huele al viejo truco del elefante: el del ¡‘todo fue a mis espaldas’!, mientras que buscan trasladarle la responsabilidad a un funcionario de segundo renglón, cuando quienes verdaderamente manejaron los hilos de la contratación en la anterior alcaldía fueron el alcalde y sus funcionarios de confianza.

Se los dejo como constancia: ¡Aquí hay gato encerrado!