La vivienda será el primer gran termómetro de la reactivación económica y de la capacidad del nuevo gobierno para convertir sus propuestas en resultados.
Entre las múltiples expectativas que acompañan la llegada del nuevo gobierno, pocas tendrán un impacto tan rápido y visible sobre la economía como las relacionadas con la vivienda.
Por eso, las propuestas anunciadas para facilitar el acceso al crédito hipotecario y reactivar la construcción podrían convertir a la vivienda en el primer gran examen del nuevo gobierno.
No solo porque millones de familias esperan una oportunidad real para acceder a casa propia, sino porque detrás de cada vivienda construida existe una enorme cadena de empleo, inversión y crecimiento económico que puede marcar el rumbo de los próximos años.
La propuesta del presidente electo, de promover créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2% y plazos de hasta 30 años ha despertado optimismo en amplios sectores del país. Para muchas familias, la posibilidad de adquirir vivienda propia se ha ido alejando progresivamente debido al aumento de las tasas de interés, la pérdida de capacidad adquisitiva y la desaparición de instrumentos que durante años facilitaron el acceso al crédito.
La expectativa no es menor. Durante décadas, Colombia entendió que la vivienda no era únicamente una política social. Era también una estrategia de desarrollo económico.
Por eso, la eliminación o reducción de programas como Mi Casa Ya y subsidio a la tasa produjo efectos negativos para miles de familias, especialmente aquellas de menores ingresos que encontraban en estos instrumentos la única posibilidad real de acceder a una vivienda propia. El impacto no solo fue social. También afectó la dinámica de un sector estratégico para la economía nacional.
Miles de hogares aplazaron la compra de vivienda, numerosos proyectos fueron suspendidos o redimensionados y buena parte de la cadena productiva asociada al sector constructor comenzó a desacelerarse.
La construcción de vivienda tiene una particularidad que pocas actividades económicas poseen: su capacidad para multiplicar empleo y dinamizar simultáneamente múltiples sectores de la economía.
Cuando se construye vivienda trabajan las cementeras, las acerías, los fabricantes de acabados, los transportadores, los bancos, los arquitectos, los ingenieros, los maestros de obra y miles de pequeños empresarios que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
Por el contrario, cuando la construcción se detiene, las consecuencias se extienden rápidamente a toda la economía.
Por eso resulta tan importante que el país vuelva a discutir seriamente cómo facilitar el acceso a la vivienda.
La vivienda VIS y VIP merece una atención prioritaria. Allí se concentra una enorme demanda insatisfecha y una necesidad social que sigue creciendo año tras año. Sin embargo, la discusión no puede limitarse exclusivamente a estos segmentos.
La clase media colombiana también necesita oportunidades reales para acceder a vivienda propia. Miles de familias trabajan, ahorran y cumplen con sus obligaciones, pero encuentran enormes barreras para acceder a financiación en condiciones razonables. Una política integral debe reconocer esa realidad y ofrecer alternativas para todos los sectores de la población.
Al final, la vivienda representa mucho más que un techo. Representa estabilidad familiar. Representa ahorro. Representa patrimonio. Representa movilidad social. Y precisamente por eso la mejor política social es aquella que utiliza de manera inteligente instrumentos como los subsidios a la vivienda para que una familia deje de depender de ayudas estatales permanentes porque logró construir patrimonio propio.
Una tasa hipotecaria competitiva y plazos amplios de financiación, como los propuestos, podrían devolver al mercado miles de compradores potenciales que hoy observan desde la barrera cómo el sueño de tener vivienda propia parece cada vez más lejano.
La vivienda no debe entenderse como un gasto público. Debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo nacional.
Cada vivienda construida genera empleo. Cada proyecto aprobado impulsa la economía. Cada familia que adquiere vivienda fortalece su patrimonio y construye estabilidad para las futuras generaciones.
Por eso, más allá de debates ideológicos o diferencias políticas, la capacidad del nuevo gobierno para reactivar el sector de la vivienda será observada con atención por millones de colombianos.
Tal vez allí encontremos una de las primeras respuestas sobre el rumbo que tomará el país en los próximos meses.
Tal vez la verdadera reactivación económica de Colombia no empiece en una reforma tributaria, tal vez empiece cuando una familia vuelva a creer que comprar vivienda propia es posible.
Porque cuando se construyen viviendas, no solo se levantan edificios. También se construyen oportunidades, empleo, bienestar y futuro.
Y si la vivienda termina convirtiéndose en el primer gran termómetro del nuevo gobierno, ojalá sus resultados demuestren que Colombia volvió a apostar por el crecimiento, el trabajo y la posibilidad de que más familias hagan realidad el sueño de tener casa propia.
Porque un país que deja de construir viviendas termina dejando de construir futuro.
* Alberto De Luque es Ingeniero Civil, Especialista en Derecho Urbano
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