¿Es hora de una nueva norma sismoresistente para Colombia?

El lamentable terremoto que hace poco sufrió Colombia, además de las pérdidas humanas, materiales y del profundo dolor que deja en tantas familias, vuelve a recordarnos una realidad que muchas veces preferimos olvidar: vivimos en un país sísmicamente activo y el próximo terremoto no es una posibilidad remota, sino un riesgo con el que debemos aprender a convivir y para el cual debemos prepararnos cada vez mejor.

Después de una tragedia como esta es inevitable preguntarnos qué hemos hecho bien, qué debemos mejorar y, sobre todo, qué puede hacer hoy la ingeniería que hace algunos años no estaba a nuestro alcance.

Colombia ha avanzado enormemente en construcción sismo resistente y la NSR-10 ha sido fundamental en ese proceso. Pero reconocer sus aportes no significa renunciar a preguntarnos si, después de más de quince años de vigencia y frente a la evolución de la ingeniería sísmica, ha llegado el momento de dar un nuevo paso.

Y de allí surge una pregunta que debería trascender los círculos especializados:

¿Podría establecerse una relación entre altura, área, importancia de la edificación, amenaza sísmica y costo que permitiera definir cuándo debería ser obligatorio el aislamiento sísmico en Colombia?

La pregunta cobra especial importancia después de un terremoto. Cada vez que la tierra vuelve a recordarnos que vivimos en un país sísmicamente activo, regresan las mismas inquietudes: ¿están realmente preparadas nuestras edificaciones?, ¿es suficiente cumplir la norma vigente?, ¿debemos continuar diseñando únicamente para evitar el colapso o ha llegado el momento de aspirar también a reducir significativamente los daños y conservar la funcionalidad de los edificios después de un gran sismo?

Colombia ha avanzado enormemente en construcción sismo resistente. La NSR-10 establece requisitos exigentes y ha permitido mejorar sustancialmente la seguridad de nuestras edificaciones. Pero existe una diferencia que vale la pena explicar: una edificación sismo resistente no significa una edificación inmune al daño.

La filosofía tradicional de diseño acepta que ante un terremoto severo determinados elementos de la estructura puedan incursionar en rangos inelásticos, disipar energía y sufrir daños, siempre dentro de condiciones que protejan fundamentalmente la vida y eviten el colapso.

Pero la ingeniería sísmica dispone desde hace décadas de otra herramienta: en lugar de pedirle exclusivamente a la estructura que resista y disipe la energía del terremoto mediante sus deformaciones, podemos intentar reducir desde la base la energía y las aceleraciones que llegan a ella.

Ahí aparecen los aisladores sísmicos en la base y los sistemas de disipación de energía.

No estamos hablando de ciencia ficción ni de tecnologías experimentales. Son soluciones utilizadas internacionalmente y contempladas por nuestra propia reglamentación. El verdadero debate no debería ser entonces si Colombia permite utilizarlas, sino algo diferente:

¿Cuándo debería exigirlas?

No tendría sentido imponer el mismo sistema a una vivienda de dos pisos que a un hospital, una estación de bomberos o una torre de gran altura. El riesgo, las consecuencias de una falla y la necesidad de continuar funcionando después de un terremoto son completamente diferentes.

Por eso considero que Colombia debería comenzar a estudiar una matriz de exigibilidad sísmica avanzada que combine, por lo menos, cinco variables: amenaza sísmica del lugar, importancia de la edificación, altura y características dinámicas de la estructura, condiciones del suelo y nivel de desempeño esperado.

El área construida y el costo también deben formar parte de la ecuación, pero no pueden convertirse por sí solos en el criterio técnico.

Hay edificios que no pueden simplemente sobrevivir

Un hospital después de un terremoto no puede limitarse a "no haberse caído". Tiene que funcionar. Una estación de bomberos debe funcionar. Un centro de atención de emergencias debe funcionar. Los aeropuertos, escuelas y universidades deben proteger vidas y seguir funcionando.

Las edificaciones indispensables y aquellas necesarias para atender a la población después de una catástrofe deberían tener un estándar de desempeño superior al de una edificación convencional. Si bien la norma actual reconoce esa mayor importancia y establece exigencias superiores, el reciente terremoto dejó una realidad que no podemos ignorar: algunas de estas edificaciones sufrieron daños severos e incluso colapsos. Por lo ocurrido se justifica preguntarnos si los estándares actuales son suficientes y, sobre todo, si debemos avanzar hacia sistemas que permitan garantizar no solo la protección de la vida, sino también la continuidad de su funcionamiento después de un gran sismo.

Por eso considero razonable abrir la discusión sobre la obligatoriedad del aislamiento sísmico, la disipación de energía o sistemas equivalentes que demuestren un desempeño superior para las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.

La exigencia no debería estar amarrada exclusivamente a una tecnología. El objetivo normativo debe ser el desempeño: reducir daños, proteger contenidos esenciales y garantizar, cuando corresponda, la continuidad operacional después del terremoto.

¿Y las edificaciones privadas?

Aquí el camino podría ser diferente.

Incorporar aislamiento sísmico o sistemas especiales de disipación representa una inversión adicional. Aunque parte de ese costo puede compensarse mediante optimizaciones estructurales y, especialmente, mediante la reducción de pérdidas esperadas durante la vida útil del edificio, existe un costo inicial que el constructor y finalmente el comprador deben asumir.

Si como sociedad consideramos deseable construir edificaciones con un desempeño sísmico superior al mínimo obligatorio, el Estado también debería participar en el esfuerzo.

En lugar de imponer inmediatamente la tecnología a toda edificación, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales podrían crear un sistema de incentivos para la construcción con desempeño sísmico superior.

Por ejemplo, los proyectos que voluntariamente incorporen sistemas certificados de aislamiento sísmico o disipación de energía y acrediten un nivel de desempeño superior al mínimo normativo podrían acceder a beneficios como períodos de gracia o descuentos temporales en el impuesto predial. También podrían estudiarse líneas especiales de crédito constructor con tasas preferenciales para proyectos que incorporen estas tecnologías. Y existe una posibilidad todavía más interesante: créditos hipotecarios preferenciales para quienes compren vivienda en edificios con desempeño sísmico superior certificado.

La lógica es sencilla. Si una edificación tiene menor probabilidad de sufrir daños severos, menores pérdidas esperadas y mayores posibilidades de continuar siendo habitable después de un terremoto, también representa un activo potencialmente menos riesgoso para propietarios, aseguradoras y entidades financieras. Entonces la seguridad sísmica dejaría de percibirse exclusivamente como un sobrecosto y empezaría a convertirse en un atributo económico del inmueble. Así como hoy hablamos de edificaciones sostenibles, eficiencia energética o ahorro de agua, podríamos comenzar a hablar de edificaciones de desempeño sísmico superior.

Incluso podría crearse una certificación nacional que permita al comprador saber qué está adquiriendo.

No solamente cuántos metros cuadrados tiene el apartamento, qué acabados ofrece o cuáles son sus zonas comunes.

También cómo se espera que se comporte el edificio cuando llegue el terremoto para el cual fue diseñado.

Construir mejor también necesita incentivos

Durante años hemos entendido la regulación de la construcción fundamentalmente desde la obligación: el Estado establece una norma y el constructor debe cumplirla.

Quizá sea momento de complementar ese modelo. Exigir donde las consecuencias de una falla son inaceptables e incentivar donde queremos que el mercado construya por encima del mínimo exigido. Obligatoriedad para aquellas edificaciones cuya continuidad resulta indispensable después de una emergencia. Incentivos tributarios y financieros para los proyectos privados que voluntariamente decidan elevar sus estándares de desempeño.

Y, para determinadas edificaciones de gran altura o importancia ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, podría incluso exigirse un estudio comparativo que evalúe una solución convencional frente a alternativas con aislamiento o disipación, considerando no solamente el costo inicial sino el costo esperado durante toda la vida útil.

Porque posiblemente llevamos demasiado tiempo haciendo una sola pregunta:

¿Cuánto cuesta construir un edificio con aislamiento sísmico?

Tal vez deberíamos empezar a formular la pregunta contraria:

¿Cuánto le cuesta al país no hacerlo?

El costo de un terremoto no se mide únicamente en estructuras colapsadas. Se mide en hospitales que dejan de funcionar, empresas paralizadas, viviendas inhabitables, familias desplazadas, pérdidas económicas, reconstrucción y años necesarios para recuperar una ciudad. La ingeniería ya dispone de herramientas para reducir parte de esas consecuencias. El reto ahora es decidir hasta dónde queremos utilizarlas.

Colombia no debería esperar al próximo gran terremoto para comenzar esa discusión.

La verdadera evolución de nuestra ingeniería sismoresistente quizá no consista solamente en construir edificios que no se caigan, sino en construir ciudades capaces de seguir funcionando después de que la tierra se mueva.