Diputados desmienten acuerdo con la Gobernación para aprobar nuevos proyectos presentados

La Gobernación del Magdalena radicó nueve proyectos de ordenanzas este lunes en la Asamblea Departamental. El gobernador Carlos Caicedo anunció que convocará a sesiones extras para el estudio y aprobación de las iniciativas.

El mandatario departamental, a través de una rueda de prensa, habló de cada uno de los nueve proyectos y volvió a señalar a la Duma como el ‘palo en la rueda’ para que su administración no ejecutar el plan de gobierno.

 Luego de estas declaraciones de la máxima autoridad del Magdalena, se corrió el rumor de un presunto acuerdo entre la administración del departamental y la Asamblea para la aprobación de los proyectos de ordenanzas.

Sin embargo, al finalizar la sesión descentralizada de este martes que se llevó a cabo en Fundación, varios diputados desmintieron el presunto acuerdo con la gobernación. 

Una de las diputadas que se pronunció frente al tema fue Elizabeth Molina, del partido de la U. “Siempre han existido esos rumores, sin embargo, fui elegida diputada no de pupitre, tengo mi criterio y tomaré mi posición una vez que revise esos proyectos. Desconozco el decreto de las ‘extras’, los proyectos, pero tengo claro que a nosotros nos eligieron para hacer control político”, expresó la asambleísta.

El diputado Jair Mejía, del partido Centro Democrático, dijo que esos rumores seguramente provienen del mismo gobernador Caicedo, “quien quiere mancillar y atacar la honra de esta Asamblea…Quizás esto sea un ataque más, queriendo cohesionar y presionar la voluntad que democráticamente tenemos, que es estudiar las iniciativas presentadas…Tengan la seguridad que si los proyectos no son buenos para el Magdalena no lo vamos a aprobar”, comentó Mejía.

La presidenta de la corporación, Claudia Patricia Aarón, fue otra de las que se refirió al presunto acuerdo. “A los magdalenenses les digo que no crean en rumores, los chismes son chismes y hasta allí llegan. Aquí lo que se va a hacer es revisar los proyectos…Lo que vamos a aprobar es lo que sea viable desde el punto de vista político, económico y social para nuestro departamento”, expuso la diputada Aarón.  

Igualmente, el asambleísta Jhon Almarales, de Cambio Radical, indicó la Asamblea no hace acuerdos, que su función es el control político y la aprobación de proyectos que sean necesarios y beneficiosos para el departamento. 

En este mismo sentido, el diputado Gustavo Durán, de Cambio Radical, explicó que la Duma es un órgano independiente, “aquí la Asamblea lo que busca es defender los intereses del departamento”.

Los proyectos de ordenanza presentados son:

-Primero facultades para comprometer vigencias futuras destinadas a la inversión en Agua Potable y Saneamiento en el Magdalena por más de 146 mil millones de pesos entre 2023 y 2032, que a valor presente serán $96.400 millones, los cuales servirán para financiar al menos 8 proyectos de gran impacto que beneficiarán a 449 mil 022 y con el fin de financiar acueductos urbanos y rurales en los municipios de Puebloviejo, Zona Bananera, Ciénaga, Aracataca, El Banco, Pivijay, Ariguaní y el Distrito de Santa Marta: alcantarillados urbanos y rurales en Plato, Puebloviejo, Ciénaga, Sitionuevo, Pivijay, Santa Ana, Fundación, Pijiño del Carmen; y esquemas regionales de aseo en El Banco, Ariguaní, Concordia y en Santa Ana.

-El segundo consiste en la tasa pro deporte y recreación para fomentar y estimular el deporte, la recreación y la educación física de niños, jóvenes y la población en general, incluyendo adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Los beneficios son de gran impacto en inclusión: deporte formativo en edad escolar para beneficiar a 180 mil niños, niñas y jóvenes de los 30 municipios; deporte asociado para 3 mil 600 deportistas en proyección; entre otros.

-El tercero busca crear la Secretaría de Equidad y Poder Popular. Esta Dependencia será la responsable de la articulación y conducción de las políticas públicas para la superación de la pobreza, atención de los distintos grupos poblacionales y promoción de la participación ciudadana.

-El cuarto le apuesta a adicionar el superávit fiscal de la vigencia 2020 del SGP y la realización de ajustes para la liquidación del presupuesto general de ingresos y gastos de vigencia 2021, por más de 35 mil millones de pesos, para beneficiar a los sectores de educación y salud del departamento.

-El cuarto busca que se ceda a título gratuito bienes fiscales a la población más necesitada, lo que permitirá el proceso de titulación de predios como estrategia de los proyectos para la superación de la pobreza, con el fin de: solucionar el déficit habitacional; sanear la propiedad actual en condiciones de posesión y mejorar la base del recaudo del impuesto predial y contribuir a mejorar el ordenamiento territorial.

-El quinto es para establecer beneficios tributarios al impuesto de vehículos automotores. Los ingresos de la Secretaría de Tránsito se han reducido significativamente debido a la disminución de la capacidad de pago de los contribuyentes por la pandemia. La meta mínima es de 308 vehículos matriculados, para recaudar 260 millones que serán destinados a acciones a favor de la seguridad vial.

-El sexto es para establecer una condición especial para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y multas recuperando la cartera morosa y aliviar la situación económica de los deudores debido a la pandemia por Covid-19.

-El séptimo es para a través de vigencias futuras financiar proyectos de alta prioridad en la garantía de derechos y atención de la población, como la construcción de tres centros de vida día y noche; construcción, adecuación y/o dotación de seis Centros Cambia en las subregiones, como sedes permanentes del Programa Universidad Pública al Pueblo en los municipios de Pivijay, Ciénaga, Plato, el Banco, Fundación y el distrito de Santa Marta.

-El octavo es por medio del cual se solicitan facultades y autorizaciones extraordinarias pro tempore hasta el 31 de diciembre de 2021.

-El noveno es avanzar en la modernización institucional de la gobernación, que fortalezca la capacidad institucional para la óptima gestión administrativa y la atención de la ciudadanía.