Denuncia sobre plan de asesinato contra Caicedo se originó en la misma Gobernación

Una serie de hechos noticiosos que se presentaron el miércoles en Santa Marta, a raíz de la incautación de un arsenal de guerra en Bonda dio pie para un ‘cortocircuito’ interno en la Policía Metropolitana.

El tema tiene relevancia porque está relacionado a un supuesto plan de asesinato contra el Gobernador Carlos Caicedo, sobre el cual aún hay muchas dudas.

Todo comenzó con una cadena que se inició con una publicación de WhatsApp realizada por Alejandro Arias, un abogado de Santa Marta que, si bien en el pasado cazó una férrea oposición a Carlos Caicedo, hoy es de sus mayores escuderos.

Este abogado, que figura también como periodista para hacer entrevistas que defienden los intereses del caicedismo -las cuales publica por WhatsApp- envió una comunicación pretendiendo hacer una conexión entre una incautación de un arsenal de guerra incautado en Bonda el pasado 17 de julio y el supuesto plan de atentado que divulgó una desconocida ONG que se denomina Colombia Human Rights Network.

El gobernador Carlos Caicedo le hizo eco al hecho de que, supuestamente, el arsenal incautado tenía como destino el supuesto atentado contra el gobernador.

Armas incautadas en Bonda, Cgto de Sta Marta, coinciden con material bélico de alto poder que según fuente humana e información de inteligencia serían presuntamente utilizadas para atentar contra mi vida. https://t.co/PhHfiD4j6Z pic.twitter.com/TO5NiUFCAF

— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) July 22, 2020

Sin embargo, en el transcurso del día, la Sijín divulgó un comunicado para desmentir la publicación de Whatsapp del abogado.

La Sijín aclaraba textualmente que la incautación, lograda a través de la operación Odin, en la que participó Sijin y Sipol, “no tiene relación con las amenazas contra el gobernador del Magdalena”.

La aclaración de la Sijín fue trascendente, no tanto porque desmentía al abogado, sino que desmintió, por consecuencia, al propio gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que también hizo eco a la información.

Algo sucedió en el interior de los poderes policiales y departamental, pues a las pocas horas, la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta hizo un comunicado en el que ‘marcó el territorio’ de su jerarquía, advirtiendo que los únicos comunicados válidos son los que se emiten desde la oficina de comunicaciones.

Dicho comunicado ratificaba lo publicado por la Sijín, con la única excepción de que evitó pronunciarse sobre la relación o no de las armas con el supuesto atentado contra Caicedo.

La reversa interna dentro de la Policía es una arista más que se cierne sobre las dudas que se han suscitado después de que la mencionada ONG hiciera la denuncia, pero, después de esta, no aparecen por ningún lado. Es como si la organización que denunció no existiera.

El medio especializado en periodismo de investigación 360-grados.co, por César Molinares, fundador de Verdad Abierta, reveló detalles llamativos que llevan a pensar que hay confusiones en el “plan para atentar contra el gobernador Caicedo”.

Recomendamos: Investigación de 360-grados.co

La investigación del portal especializado muestra hechos llamativos “que no cuadran”, entre ellos una carta-alerta de la Defensoría del Pueblo fechada el pasado 7 de julio, dirigida al CIPRAT del Ministerio del Interior en el que informa que conoció “a través de fuentes de la Gobernación del Magdalena” de un “plan creíble” para atentar contra el gobernador de ese departamento.

Lo descrito en esta carta de la Defensoría del Pueblo da un giro de 180 grados, pues quien realmente origina la denuncia no es la ONG internacional, sino realmente la misma Gobernación.

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Otro hecho que logró identificar el portal 360-grados.co es que la carta-alerta de la Defensoría “mete en la conspiración para asesinar a Caicedo a varias personas del bajo mundo que hoy están enfrentadas”.

“El miércoles algunos de los supuestos implicados en el plan criminal se presentaron a la Fiscalía para ponerse a disposición de la Fiscalía, frente a los señalamientos que los involucraba con el supuesto plan.  Sin embargo, lo más extraño de todo es que se desconocen las pruebas que volvieron creíbles el atentado que menciona la Defensoría y que replican la hasta ahora conocida ONG Colombia Human Right Networks y los dos eurodiputados”, dice la publicación.

El periodista César Molinares señala que intentó comunicarse con funcionarios de la Gobernación del Magdalena, pero no tuvieron respuesta.

Asimismo, intentaron comunicarse con la ONG “tanto por correo electrónico como por teléfono, para conocer a fondo los detalles de su denuncia, pero ni los números funcionan y todos los correos rebotaron”.

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Con estos nuevos hechos descubiertos por el portal de investigación, debe ser ahora la Gobernación del Magdalena, o el funcionario que haya informado a la Defensoría, quien debería explicar en qué se sustentó para informar a la Defensoría del Pueblo que había un plan creíble de asesinato.