Condenan a Iglesia Pentecostal, municipio y Tránsito por la muerte de 33 niños en Fundación

En un fallo histórico, el Consejo de Estado declaró responsables civiles, administrativas y patrimoniales a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por el trágico incendio de un bus en el que murieron 33 niños y una mujer adulta el 18 de mayo de 2014.

La decisión ordena a estas entidades pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, distribuyendo la responsabilidad económica de la siguiente manera: la Iglesia Pentecostal asumirá el 80% del monto total, mientras que la Alcaldía de Fundación y el Instituto de Tránsito deberán cubrir cada uno el 10%. El tribunal estableció que el dinero se depositará en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, encargado de distribuir las compensaciones individuales y colectivas.

El fallo señala que las omisiones de la Iglesia Pentecostal, sumadas al proceder imprudente del conductor del vehículo, fueron determinantes en los hechos que llevaron al incendio. Según la sentencia, el conductor manipuló gasolina de manera improvisada para intentar encender el vehículo, lo que provocó una chispa que desató la conflagración.

El caso, conocido como la “Tragedia de Fundación”, ocurrió cuando el bus, que transportaba a 60 personas, incluyendo niños que regresaban de un culto religioso, quedó envuelto en llamas. Los menores quedaron atrapados, y 33 de ellos fallecieron calcinados. Además, 15 personas resultaron heridas, varias de ellas con quemaduras graves.

La investigación reveló que el vehículo no contaba con revisión técnico-mecánica ni Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigentes desde 2012, un hecho que, según el Consejo de Estado, refleja negligencia de las autoridades locales en la supervisión del transporte público.

Por el caso, en diciembre de 2018, un juez condenó al conductor y al pastor de la iglesia a 12 años de prisión domiciliaria, tras un proceso judicial que enfrentó varias irregularidades y demoras.

Con esta sentencia, el Consejo de Estado no solo busca reparar a las familias afectadas, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas y públicas en la protección de los menores.