Caicedo tiene 32 investigaciones activas por presunta corrupción: Fiscalía

En medio de la primera audiencia que se celebró contra el gobernador Carlos Caicedo por los delitos de  peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales; la Fiscalía expuso pruebas e inconsistencias en varios proyectos, que aunque costaron una millonada, no fueron entregados ni terminados.

El fiscal Víctor Salcedo, argumentó que debido a la utilización indebida de los canales institucionales para desvirtuar a la justicia, además del riesgo que representaba que el mandatario siguiera al frente del departamento como ordenador del gasto público; la Fiscalía solicitó que se dictara una medida de aseguramiento domiciliaria a Caicedo Omar.

Eso significaba, la separación temporal del cargo, mientras se celebra el juicio.

Aunque la continuación del juicio fue aplazada para el 19 de abril, sí llamó la atención que para respaldar la pertinencia de tal medida, la Fiscalía reveló que actualmente el gobernador Carlos Caicedo Omar, tiene un total de 32 actuaciones penales activas.

La naturaleza de los delitos que se le sindican, la mayoría, están relacionados con hechos de presunta corrupción.

De esta forma, el fiscal Salcedo se tomó el trabajo de enumerar 21 de estas.

Celebración de contratos sin mínimos legales

Entre los casos mencionados, se señalan delitos por falsedad en documento. Una de estas por el proceso iniciado por la exgerente del hospital de Nueva Granada, que denunció que el gobernador falsificó su firma, en una carta de renuncia, para expulsarla del cargo.

También se le imputan delitos de celebración de contrato sin los requisitos legales, en distintos años.

En 2015 para la construcción del Parque del Agua, donde habría hecho cuatro adiciones presupuestales injustificadas, y habría eliminado componentes contractuales para favorecer al contratista.

Además, se le imputó este delito indicando presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato por más de $2.000 millones para la construcción del CDI Laureles, en Bonda, que aún sigue en obra negra.

En 2020 por la contratación de la ahora congresista Katherine Juvinao, para que adelantara labores de promoción de su gobierno, con un sueldo que superaba los $10 millones mensuales.

En 2022 por el contrato firmado por la Perla Cultural, que señalaron era una entidad “sin capacidad financiera”. Ese mismo delito se le imputó, en ese mismo año, por las contrataciones adelantadas para la compra de maquinaria amarilla del Magdalena.

Otros delitos imputados

En el listado de investigaciones adelantadas por el ente de control, figura también un proceso por prevaricato por apropiación, en la entrega de unos mercados solidarios durante la pandemia de covid-19.

Además figuran acusaciones de peculado por apropiación ante la firma de un millonario contrato para la ‘Paz y Reconciliación’, con León Valencia; así como otro caso en el que se le señala que incurrió en este delito, tras destinar dineros de los recursos públicos a la campaña de Petro Presidente.

También un proceso adelantado por la Contraloría Distrital, acusándolo de no ejecutar los recursos disponibles para proyectos de recuperación del río Manzanares.

En 2021, tiene un proceso pendiente también, por detrimento patrimonial, por cuenta de los estudios de El Curval, señalando que utilizó 14.823 millones de pesos, para  nuevos estudios, pese a que un año antes ya se habían pagado $16.000 millones para  este mismo fin.

Denuncia de Seguimiento

En el proceso número 20, la Fiscalía General de la Nación resaltó que también inició una investigación tras la denuncia publicada por el equipo periodístico de Seguimiento.co en 2016.

En esta denuncia, se expuso que la Alcaldía de Santa Marta planeaba gastar nuevamente, más de $6.000 millones para terminar los centros de salud que había dejado inconclusos.

Esta fue la denuncia periodística: Alcaldía de Santa Marta planea gastar nuevamente $6 mil millones para terminar los centros de salud inconclusos