Uno de los capturados por presunto ‘megarrobo’ de agua es representante legal de Aguas La Roca

Desde que José Rodrigo Dajud llegó a Santa Marta para gerenciar la empresa de servicios públicos Essmar hace 4 meses, le llamó mucho la atención la manera frentera y descarada, a su juicio, en que las personas se conectan de manera ilegal de las tuberías de agua con las que debe abastecerse la ciudad.

Por eso uno de sus principales objetivos fue atacar esta problemática la que, según su diagnóstico, es tan grave para la ciudad que llega a tener pérdidas que pueden llegar a ser hasta de 800 litros por segundo, equivalente al 70% del agua que no está llegando a los grifos de las casas en Santa Marta.

Precisamente, uno de los casos que se convirtió en una obsesión para Dajud fue uno que le denunciaron en la vereda Puerto Mosquito, donde era evidente cómo llegaban a abastecerse camiones cisterna en todo momento, para luego ir a revender el agua en Santa Marta. Una situación que pese a que era conocida desde hace años, ningún gerente del acueducto, ni de Metroagua, ni la anterior gerente de la Essmar, habían hecho nada por evitarlo. 

Preocupado por la situación y con la sospecha de que desde dos lotes encerrados se estaba captando masivamente el agua de las tuberías madres de la Essmar, Dajud buscó estrategias como llamar la atención de periodistas de cadena nacional, quienes llegaron al lugar, incluso en compañía de la Policía, para tratar de convencer al propietario e ingresar al lote para revisar cómo captaban el agua.

Eso ocurrió hace aproximadamente dos meses. Aquel día, el señor Germán Paredes Duarte, representante de la empresa Unión Temporal Hielo y Agua Purificada La Roca, fue el encargado de recibir a la comitiva y a los periodistas, a quienes les dijo: “Ya estoy mamado de esa persecución, es nula, es fallida de fundamento, no tiene bases”.

Sin embargo, cuando los periodistas y el gerente de la Essmar le pidieron a Paredes que le permitiera el acceso al predio para revisar si había conexiones fraudulentas, este se negó rotundamente. “Ya les tocaría traer una orden de inspección para yo dejarlos ingresar a la planta”, fue su respuesta.

Efectivamente, la duda no quedó en el aire y fue trasladada a los entes respectivos, quienes iniciaron labores de investigación penal y recabaron pruebas suficientes para llevarlas ante un juez y solicitar la detención de los responsables por los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada, según sus grados de responsabilidad.

Lo que encontraron allí las autoridades es gravísimo: una captación de agua equivalente a 80 litros por segundo. Para poner esto en sus justas dimensiones, es suficiente agua como para abastecer una población del tamaño del municipio de Aracataca. Todo esto destinado a un particular que, según las investigaciones de la Fiscalía, estaría revendiendo el agua para su propio beneficio. Según fuentes consultadas por este medio digital, un negocio así podría dejar utilidades cercanas a los 150 millones mensuales. 

El anuncio de esta captura, además de otra persona identificada como Pablo Castro, de 59 años, fue anunciada a primera hora de este jueves en una rueda de prensa en la que participaron el Fiscal General Encargado, Fabio Espitia Garzón, y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

#AEstaHora importante rueda de prensa sobre operativo #Fiscalía y #Sijín @PoliciaColombia contra el contrabando de agua del acueducto de #SantaMarta https://t.co/hBWaonTFMk

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 17 de octubre de 2019

Esta situación pone en tela de juicio a la empresa Aguas la Roca, un reconocido establecimiento comercial que se ha dedicado por años a vender hielo y agua en distintas presentaciones para el consumo de los samarios. Lo anterior quiere decir que, si se llega a demostrar responsabilidad por parte del representante legal de esta empresa, quedaría establecido que se apropiarían del agua para revendérselas a los samarios.

De momento, los dos capturados se encuentran en libertad pero se ven obligados a usar un dispositivo electrónico y a presentarse cada quince días a la estación de Policía de Mamatoco, mientras se adelanta el debido proceso penal.