Juzgado declaró nula la vinculación de la Policía de Tránsito para expedir fotomultas y comparendos
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Jaime Santiago Zuleta, excandidato al Concejo Distrital, abogado y empresario samario, compartió este 7 de julio el fallo del Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta en el que declara nulidad sobre cuatro actos administrativos, emitidos cuando el hoy gobernador Carlos Caicedo era alcalde de la capital del Magdalena, y por medio de los cuales creó la vinculación de la Policía de Tránsito en funciones que incluían la expedición de fotomultas y comparendos.
El proceso jurídico contra esta acción, data de 2015, y evidenció varias de las irregularidades en el proceso considerando que el Distrito estaba imponiendo fotomultas sin que existiera un convenio formal de tránsito entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Santa Marta, violando la normativa legal vigente.
Según explicó Zuleta, si bien el Código Nacional de Tránsito permite que en los municipios o distritos donde no hay agentes de tránsito, los alcaldes hagan convenios con la Dirección de la Policía Nacional. Caso en el que se encontraba la ciudad entre los años 2012 y 2014. Sin embargo, una vez que el contrato se acabó, el alcalde Caicedo y su entonces secretario de Movilidad, el hoy exalcalde Rafael Martínez “expidieron resoluciones y decretos vinculando a la Policía a cumplir dichas funciones” sin que estuviera vigente ningún convenio.
Es decir, que por medio de un presunto engaño jurídico, siguieron imponiendo y cobrando multas sin tener las facultades para hacerlo, por casi dos años.
Durante este tiempo, fueron emitidas cerca de 25.000 comparendos, por lo que el Juzgado resolvió declara nula la Resolución 05392 del 31 de diciembre de 2012, el Decreto 025 del 4 de febrero de 2014, el 096 del 27 de junio de 2014 y el 139 del 10 de septiembre de 2014 en las cuales Caicedo otorgaba funciones no convenidas a la Policía de Tránsito.
Con estas decisiones, tal como lo expuso el demandante Jaime Zuleta, se podría dar inicio a un proceso judicial de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito contra el hoy gobernador Caicedo y el exalcalde Rafael Martínez.
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