¿En qué quedó la promesa de no cerrar la Clínica Cardiovascular de Santa Marta?

"Se vende". Es el gigante aviso que, todo quien pase, puede observar en los exteriores de la Clínica Cardiovascular de Santa Marta. La entidad, que suspendió operaciones en la capital del Magdalena, dejó un vacío en atención que debe repartirse entre la red hospitalaria pública y privada de la ciudad. La misma que, por lo que ocurre con la saturación de la urgencias del Hospital Fernando Troconis, no da abasto. 

El letrero, al parecer, también es la respuesta a una promesa realizada en su momento por la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga. Este diario digital recogió, en enero pasado, la visita realizada por la mandataria al entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria. El asunto: evitar el cierre de la clínica y que continuara la prestación de los servicios. 

En aquel encuentro, Cotes -quien dejó en claro que no se suspendería la operación de la clínica- planteó la necesidad de que se garantice la continuidad de la prestación de los servicios de salud hasta cuando se presente una nueva propuesta del que reemplace a la Cardiovascular.

Al mismo tiempo el entonces ministro Gaviria dijo que sería garante de que el nuevo operador asumiera los procesos de vinculación contractual de quienes ya venían laborando con la Fundación Cardiovascular, mientras que esta también debe ponerse al día con los proveedores y empleados.

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A su turno la asesora de Despacho para asuntos de Salud de la Gobernación del Magdalena, Zandra Castañeda López había confirmado en la reunión que el inmueble donde funciona actualmente la clínica no había sido vendido  “porque hay un comité que representa a todos los acreedores en el país de la venta que tiene Caprecom; y ese comité es la instancia que revisa las diferentes propuestas que se presentan en los bienes inmuebles que quedaron en liquidación”. Hoy ya tiene el letrero buscando un nuevo propietario. 

En febrero, como recuerda Milder Cobos, extrabajadora del centro asistencial, la promesa se desinfló. Algunos trabajadores siguieron laborando, especialmente el área administrativa que debía continuar la facturación a las EPS. Otra parte, los empleados asistenciales, se fueron. Los que cobijaba el retén social, La Fundación Cardiovascular los trasladó a la ciudad de Bucaramanga.

"Los acreedores de Caprecom colocaron a la venta el edificio como si tuviera la clínica funcionando por un valor de $38.000 millones y hasta el mes pasado, como no había salido un cliente, bajaron el precio a $28.000 millones", indica Cobos quien destaca que la Cardiovascular quedó a paz y salvo con todos los empleados.  

La extrabajadora indica que la gobernadora Cotes "nos prestó mucho su apoyo, nos consiguió varias citas con el ministro de salud pero no, no fue posible continuar". Hoy día está en casa, sin volver al mundo laboral, por pasar los 50 años. Las instalaciones de la clínica, sin utilizar, están allí como testigos de una promesa que nunca terminó de concretarse.