En contratos de colegios se pagaron ítems de obra que no se ejecutaron o de mala calidad, según Contraloría

El control excepcional realizado por la Contraloría General de la República a varios contratos de la Alcaldía de Santa Marta, por solicitud del alcalde encargado Andrés Rugeles, también encontró hallazgos en el sector de educación.

En el contrato de obra 007 de 2017 de ampliación de la infraestructura física de las Instituciones Educativas Distritales Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena, que se suscribió con la Unión Temporal IE Santa Marta 2017 por el valor de 9.812 millones de pesos, la Contraloría encontró cuatro hallazgos fiscales por 153 millones de pesos relacionados con el manejo del anticipo del contrato, cantidades y calidad de la obra, así como especificaciones técnicas y funcionalidad de la misma.

En la revisión de dicho contrato, según la Contraloría, se encontraron deficiencias en el manejo del anticipo entregado al encargo Fiduciario suscrito con Fiduciaria Bancolombia, por cuanto se aplicaron con cargo a los recursos del anticipo gastos por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros que ascienden a 5.298 millones de pesos lo cual evidencia debilidades de supervisión e inaplicación de las normas de contratación pública.

El ente de control, en una visita de inspección fiscal al contrato de obra realizada el 13 y 25 de septiembre pasado, en compañía de un profesional de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Distrital y representantes del contratista, evidenció diferencias en algunos ítems de obra parcialmente ejecutados que fueron recibidos y pagados al contratista, que configuran un daño patrimonial por 40 millones de pesos para la IED Rodrigo de Bastidas y por 62 millones para el Instituto Magdalena.

En el recorrido también se evidenciaron situaciones asociadas con la baja calidad de la obra entregada por el contratista como el sistema hidrosanitario construido en el IED Rodrigo de Bastidas que no funciona porque no se instalaron las bombas eyectoras.

Igualmente, en el piso de la rampa del Instituto Magdalena se evidenció pérdida parcial y lavado de la superficie, lo que ha generado que el acabado tipo estriado, requerido por la especificación de la obra, se haya perdido. Esta debilidad, según la Contraloría, se debe a baja calidad del material instalado en la obra.

El diseño de esta obra, contempló la construcción de una cubierta a lo largo de toda la rampa, obra que fue incluida dentro del presupuesto oficial del contrato. No obstante, según la Contraloría, por balance de mayores y menores, dichos trabajos de construcción no se hicieron.

Irregularidades en reparaciones de instituciones educativas

Por otra parte, en los dos contratos de diagnóstico, reparaciones y/o adecuaciones locativas en las instituciones educativas distritales de Santa Marta, por un valor inicial de 4.700 millones de pesos cada uno, la Contraloría encontró cinco hallazgos fiscales por un total de 430 millones.

Según la Contraloría, los contratistas Consorcios Sycab y Consorcio Colegios Santa Marta no cumplieron con la ejecución del diagnóstico como parte del objeto de los contratos GI 001 y GI 002 del 2018, correspondientes a las 30 instituciones educativas contratadas, lo que ocasionó un detrimento patrimonial por 240 millones de pesos, que la Alcaldía Distrital canceló a los contratistas sin el cumplimiento de dicha obligación.

Igualmente, según el ente de control, no se realizó la elaboración de las actas o documento escrito de aprobación, que eran requisito indispensable, para la ejecución de las reparaciones o intervenciones de obra en las IED asignadas en cada uno de los contratos GI 001 y GI 002, según el clausulado contractual, afectando el objeto real de la contratación pública.

“El detrimento patrimonial en cuantía de 240 millones de pesos corresponde al valor girado en los contratos para el componente diagnóstico, sin que se obtuviese un diagnóstico real de las instituciones educativas, ni la revisión o estudio del Comité Técnico de la entidad, para su aprobación previa a la ejecución de las reparaciones o intervenciones de obra en las IED asignadas en cada uno de los contratos, por lo que el pago realizado a cada uno de los contratistas por este componente que no fue ejecutado ni entregado, se convierte en una presunta apropiación de los recursos del estado”, dice el informe de la Contraloría.

También se determinaron cuatro hallazgos fiscales que suman más de 190 millones de pesos relacionados con cantidades de obra ejecutadas en los contratos del Consorcio Sycab y Consorcio Colegios de Santa Marta y calidad de obra en este último.