Defensoría del Pueblo instaló mesa de seguimiento carcelaria y penitenciaria en Santa Marta

La Mesa Penitenciaria y Carcelaria, instalada por la Defensoría del Pueblo por primera vez en Santa Marta, se realizó en respuesta a un llamado del secretario de seguridad y convivencia, Gustavo Berdugo, a instancias nacionales para que coadyuvaran al distrito en la atención a las personas privadas de la libertad que permanecen en centros transitorios de protección y estaciones de policía, donde se vienen presentando problemas de hacinamiento.

Berdugo ratificó los compromisos del gobierno del alcalde Carlos Pinedo de suscribir un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual dispuso recursos por el orden de $1.500 millones de pesos para el traslado y atención en la cárcel Rodrigo de Bastidas, de una parte, de las personas privadas de la libertad que permanecen en el centro transitorio de la inspección norte de policía.

Asimismo, el funcionario señaló que, por parte de la dependencia a su cargo, se viene trabajando en la contratación del suministro de alimentación para estas personas, así como también en el monitoreo de la atención en salud por parte de las IPS a las que cada uno se encuentra afiliado.

En este escenario, hicieron presencia los organismos de control y entidades que participan en la atención al sistema nacional penitenciario, quienes analizaron y diseñaron una ruta de seguimiento para el fortalecimiento de la respuesta a este tema.

Camilo George, secretario de Gobierno, señaló que, por parte del alcalde distrital Carlos Pinedo Cuello, existe un compromiso más allá de atender a estas personas en los centros transitorios, que es la construcción de una cárcel distrital. Esta está contemplada en el Plan de Desarrollo Santa Marta 500 + y se espera que, con el concurso de todas las entidades intervinientes, se pueda lograr ofrecerles un espacio con mejores condiciones.

Como resultado de este encuentro, quedaron establecidos unos compromisos por parte de las instituciones intervinientes, a los cuales se les hará un control periódico a través de mesas técnicas que convocará la Defensoría del Pueblo.

En la mesa carcelaria y penitenciaria, participaron el defensor regional del pueblo, Rafael Salcedo; funcionarios de la Procuraduría General de la Nación; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC); el director de la Cárcel Rodrigo de Bastidas; la Personería Distrital; representantes de la rama judicial; la Fiscalía General de la Nación, entre otros.