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Domingo 17 de Julio de 2016 - 11:30am

Hallazgos fiscales por más de 65 mil millones, halla la Contraloría al evaluar proyectos de Electricaribe

El Contralor Edgardo Maya Villazón cuestionó la conducta desplegada por el Ministerio y Electricaribe y consideró que su gestión fiscal fue ineficaz e ineficiente al incumplir con el objetivo de normalizar más de 63 mil usuarios de la Región Caribe.
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Hallazgos fiscales por $65.732 millones encontró la Contraloría General de la República, al evidenciar que Electricaribe incumplió con la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para adelantar proyectos de normalización de redes eléctricas en la Costa Caribe, que debían beneficiar a 63.783 usuarios.

Así lo indican los resultados de  una auditoría realizada durante el primer semestre de 2016 al Ministerio de Minas y Energía, donde el organismo de control  evaluó lo concerniente a la entrega de activos del estado a terceros a través de la asignación de recursos del Programa de Normalización  Eléctrica (PRONE).

Se evaluaron en particular los recursos PRONE asignados a través de 3 contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe: GSC 157-2012, por $86.072 millones; GSA-106-2011, por $46.076 millones; y GSC-226-2012, por $21.489 millones;

La Contraloría consideró que hubo fallas por parte del Ministerio de Minas y Energía en la supervisión de la ejecución de estos contratos, teniendo en cuenta que los recursos destinados y pagados para la normalización de usuarios no cumplieron con el fin definido por el Programa de Normalización.

Así mismo, se determinó que la ejecución financiera no guarda una relación directa con el avance real de las obras de cada proyecto.

Se evidenció que las obligaciones pactadas para energizar el número de usuarios establecidos como población beneficiaria, no se cumplieron en los plazos aprobados, por parte de Electricaribe en su calidad de contratista.

“Esto sucedió  sin que el Ministerio de Minas y Energía hubiese tomado las acciones necesarias que condujeran al logro de la finalidad perseguida con la asignación de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades de normalización en el servicio de energía, para las comunidades menos favorecidas en los departamentos de la Costa Caribe”, resaltó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

Aunque los recursos del PRONE fueron girados en su totalidad, solo se normalizó el 68,5% de los usuarios proyectados, precisó.

El Contralor cuestionó la conducta desplegada en este caso por Ministerio y de Electricaribe y consideró que su gestión fiscal fue ineficaz e ineficiente al incumplir con el objetivo de normalizar los más de 63 mil usuarios de la Región Caribe que se había previsto al suscribir estos contratos.

Detalle de los incumplimientos

*La Contraloría Delegada de Minas y Energía revisó el Contrato PRONE GSC-157-2012, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe, por valor de $86.072 millones, mediante el cual la empresa electrificadora se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 34.940 usuarios en siete 7 departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

Se acordó la realización de 134 proyectos, se definió como plazo para la actividad de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización el 30 de diciembre de 2013 y mediante otro sí No. 3 se extendió dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.

El Ministerio desembolsó el 90% de los recursos comprometidos, que ascienden a $77.465 millones, a través del encargo fiduciario, de los cuales la Fiduciaria realizó giros por $72.267 millones autorizados por la interventoría de los contratos.

Se evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación 75 de los 134 proyectos aprobados, no obstante que el plazo establecido contractualmente para ello se encuentra vencido.

El valor resultante de $46.442 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización.

Así mismo se revisó el Contrato PRONE GSA-106-2011, por valor de $46.076 millones, el cual tenía un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2015, que mediante otro sí No. 8 se extendió hasta el 30 de diciembre de 2015.

Electricaribe se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 21.707 usuarios en siete 7 departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, mediante la realización de 27 proyectos.

El Ministerio desembolsó el 100% de los recursos comprometidos, que ascienden a $46.076 millones, a través del encargo fiduciario, de los cuales la Fiduciaria realizó giros por $44.330 millones autorizados por la interventoría de los contratos.

Teniendo en cuenta que la vigencia del Contrato PRONE, expiró el 31 de diciembre de 2015, se evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación 18 de los 27 proyectos aprobados.

El valor resultante de $12.699 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización.

Se revisó también el Contrato PRONE GSC-226-2012, por valor de $21.489 millones, mediante el cual Electricaribe se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 7.136 usuarios en 6 departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, mediante la realización de 38 proyectos.

El plazo para la actividad de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización era el 30 de diciembre de 2013 y mediante otro sí No. 3 se extendió dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.

El Ministerio desembolsó el 90% de los recursos comprometidos, que ascienden a $19.340 millones, a través del encargo fiduciario, de los cuales la Fiduciaria realizó giros por $16.804 millones autorizados por la interventoría de los contratos,

En este tercer contrato, la CGR evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación, entendida la “puesta en operación” como usuarios conectados a la red de energía eléctrica normalizada, 23 de los 38 proyectos aprobados, no obstante que el plazo establecido contractualmente para ello se encuentra vencido.

El valor resultante de $6.591 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización.

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