En Barranquilla condenan a defensor público por violación y dejar embarazada a su hija menor de edad

La Juez Cuarta Penal del Circuito de Barranquilla dio lectura, en audiencia celebrada en la tarde del jueves, el sentido del fallo condenatorio en contra del defensor público Jaime Salazar Quintero, por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con incesto.

La togada fijó fecha para septiembre en la que dictará la correspondiente sentencia para imponerle la pena.

El Fiscal 10 de la Unidad de Caivas indicó que esperan “que parta de una pena que va desde los 16 a los 30 años”.

Salazar Quintero está señalado de haber violado a su hija de 14 años sistemáticamente, en una oficina que tenía en el centro de Barranquilla, llegando incluso a dejarla embarazada, y que no habrían podido conocer del caso sino hubiera sido por el valor de la madre, de denunciar lo que estaba sucediendo.

“La madre notó que la hija estaba embarazada y la confrontó. Ella le dijo que estaba embarazada porque su papá desde septiembre de 2015 hasta poco antes de la denuncia, en julio de 2016, la iba violando en una oficina que tenía”, relató el representante del ente fiscalizador.

Según estableció la Fiscalía, Salazar Quintero amenazaba a su hija con quitarles la manutención a ella y a sus otros cinco hermanos, menores de edad, si no accedía a tener relaciones con él. El defensor público no vivía con ellos, sino que los había tenido por fuera de su matrimonio.

Consecuencia de las violaciones, la joven quedó embarazada. Al nacer el bebé, por orden de la Juez se les practicaron unas pruebas de ADN que arrojaron que, efectivamente, el padre es Salazar Quintero.

El condenado es un prestigioso abogado de la ciudad con 40 años de experiencia en el litigio penal, que fungía como defensor de la moral pública, en calidad de defensor de derechos humanos. Cuando cometió los hechos estaba contratado en la Defensoría Pública en el Atlántico y en el listado de conjueces de la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

El Fiscal 10 de la Unidad de Caivas indicó que el proceso inició en octubre de 2016 cuando se le dictó orden de captura y fue detenido en el barrio Nueva Granada, en una casa de la calle 63B número 29 – 18, por unidades del Gaula y el CTI.

Inicialmente fue detenido por fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego, ya que tenía en su poder una pistola Browing calibre 7.65. Durante varios meses el proceso se vio interrumpido por algunos contratiempos.

“El defensor que tenía Salazar Quintero renunció y la Defensoría del Pueblo no lo quería defender, no se sabe por qué. Eso demoró casi dos meses y medio. Al requerimiento de la señora Juez, fue que en Bogotá le designaron un abogado de oficio y fue que se pudo terminar el proceso. Si no hubiera sido por esa demora habríamos terminado a los tres o cuatro meses”, explicó el Fiscal.