Víctima de reclutamiento de las Farc, Deisy Guanaro llega al ICBF para proteger a la niñez
En palabras del presidente electo, la abogada tendrá el propósito de hacer de la entidad “una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia y mérito”.
La decisión se conoció luego de que las autoridades descartaran cualquier agresión contra los menores involucrados en el caso.
Las pruebas forenses no evidenciaron agresiones contra los menores involucrados en el proceso de adopción.
El caso, ocurrido en el norte de Bogotá, llevó a la intervención de la Fiscalía, el ICBF, la Procuraduría y la Policía de Infancia y Adolescencia.
El representante por el Magdalena, Hernando Guida Ponce, fue el Coordinador Ponente de este proyecto aprobado de forma unánime en el Congreso.
Impulsada por el senador Alejandro Chacón, la norma elimina cualquier tiempo de espera institucional y obliga a la articulación inmediata entre la Policía, el Icbf, Migración Colombia y los operadores de telefonía.
La víctima, identificada como Karelis Merlano, habría reportado agresiones previas, pero, según su familia, no fue reubicada pese a las alertas.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Riohacha ordenó a Luis Fernando Lobo retractarse de las acusaciones de corrupción lanzadas contra Arlinthon David Jaruffe, gerente de Primera Infancia en la Guajira.
Con el despliegue de unidades móviles y ayuda humanitaria, el Gobierno busca proteger a la niñez indígena del fuego cruzado entre las Acsn y el Clan del Golfo.
La emergencia se presentó en horas de la mañana de este martes 22 de abril.
Los servicios para implementar los programas de alimentación, también sufren retrasos debido a los procesos de selección que son dispendiosos.
Esta colaboración tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades nutricionales de las familias en la ciudad
En una mesa de trabajo, distintas instituciones expusieron programas para proteger a menores y acordaron campañas de prevención en la comunidad.
Según el Ministerio Público la oficina regional desconoció las directrices de priorizar la contratación con Asociaciones de Padres de Familia o con grupos étnicos.
La directora, Astrid Cáceres, asegura que el adulto responsable de estos hechos debe ir a prisión.
Mario Ariza explicó que fue declarado insubsistente sin justa causa, y acusó al Gobierno Nacional de desconocer sus derechos.