Sandra Ramírez responde a denuncias en la JEP por delitos sexuales y nuevo cargo

Mientras las víctimas exigen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que la cite de inmediato por “abusos de lesa humanidad”, la congresista se aferra al escrito del Acuerdo de Paz para blindar su ascenso al poder legislativo como nueva vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La indignación de las víctimas no es solo retórica; es un reclamo judicial. Grupos de mujeres que sufrieron los rigores del conflicto han calificado como una “ofensa histórica” que alguien señalada por violencia y acoso sexual dentro de las antiguas Farc, lidere hoy la célula encargada de velar por los derechos fundamentales en Colombia.

“Fui sometida a los peores abusos... la JEP debe actuar ya”, es el clamor de las víctimas que ven en este nombramiento una forma de revictimización institucional.

En una respuesta que busca desmarcarse de la responsabilidad individual, Ramírez ha sido tajante: niega haber cometido personalmente los delitos de los que se le acusa. Su argumento: diferencia su papel en la jerarquía de las Farc de las acciones criminales específicas.

Asegura que su disposición a comparecer es total, pero condiciona su verdad a que el tribunal la requiera oficialmente, manteniendo mientras tanto su presunción de inocencia y su derecho a ejercer cargos directivos.

Ante la pregunta de si pediría perdón, la senadora ofreció una respuesta que para muchos suena a protocolo: “Lo he hecho multitud de veces y si tengo que hacerlo un millón de veces, lo haré”. Sin embargo, para los sectores críticos, este perdón “industrializado” carece de valor si no viene acompañado de una aceptación de responsabilidad directa en los casos de violencia de género que hoy la salpican.