Medidas cautelares a 12 bienes que habrían sido utilizados para proxenetismo de menores indígenas

Luego de conocer una denuncia sobre explotación sexual de niñas y adolescentes en integrantes de comunidades indígenas en Inírida, Guainía, la Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación en esa región.  

En su momento dispuso la creación de un equipo especializado de la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) para dar celeridad a las investigaciones. Un mes después, el 21 de marzo, 17 personas que estarían vinculadas a estos hechos fueron capturadas y judicializadas, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública, docentes y comerciantes.

Gracias al material de prueba que da cuenta de la manera en la que algunas menores de edad fueron inducidas a actividades de tipo sexual, a cambio de dinero, comida u hospedaje, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que habrían sido utilizados para el ilícito.

Entre las propiedades afectadas, cuyo valor ascendería a 2.000 millones de pesos, hay 9 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los barrios Al Aeropuerto, Berlín, Los Libertadores, Las Américas y Comuneros; así como los establecimientos de comercio Tabú Inírida, Hotel Orinoco Real y Ribason.

En estos sitios, al parecer, se vendieron bebidas alcohólicas y auspiciaron fiestas y encuentros sexuales con algo más de 40 niñas y adolescentes.

“Decir además que se ha reducido de una manera muy importante ese delito en esas zonas, luego de la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, al destacar el beneficio de esta acción investigativa en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.