Fajardo y gobernantes antioqueños, dentro de los investigados por Hidroituango

El procurador Fernando Carrillo, anunció una investigación formal por el polémico proyecto Hidroituango, en donde tendrán que responder, entre otros, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia; además, el actual alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez y el actual gobernador de ese departamento, Luis Pérez.

Adicionalmente, también está ‘bajo la lupa’ los integrantes de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, como Aníbal Gaviria, también exalcalde de Medellín; Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM; Juan Esteban Calle, exgerente de EPM; y Rodrigo Suárez Castaño, director de la ANLA.

El proceso será adelantado por presuntas irregularidades en el desarrollo de la hidroeléctrica, y que es diferente al tema contractual, en el que se adelanta otro proceso. Estas personas deben comparecer en audiencia pública el próximo 26 de febrero, en Medellín, de acuerdo con Blu Radio

La emisora indicó que también se investigará a los subdirectores de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, Josefina Helena Sánchez Cuervo, y de Permisos y Trámites Ambientales, Carlos Alonso Rodríguez Pardo.

Así mismo, deben responder el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango, Mauricio Tobón Franco; el vicepresidente Estratégico de Proyectos de Ingeniería y miembro de la junta directiva, Wilson Chinchilla Herrera.

Según el procurador Carrillo, la decisión se toma porque la crisis del proyecto ha dejado “más de 20 municipios y más de 120 mil personas afectadas en sus derechos sociales, económicos y ambientales”.

El jefe del Ministerio Público manifestó que el propósito de la carta en la que le pidió a la Superintendencia de Sociedades vigilar el proceso, es solicitar una intervención “para que se cubra el campo de las decisiones técnicas al interior de la empresa”.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado al Gobierno sobre la urgencia de declarar una emergencia ambiental para implementar una serie de medidas, “como la recuperación y restitución de derechos económicos sociales y ambientales mediante medidas extraordinarias”.