El fuerte llamado de Procuraduría por situación en San Vicente del Caguán

La Procuraduría General de la Nación solicitó a autoridades del orden nacional y departamental adelantar acciones de dialogo social ante la grave situación de orden público que se registra en San Vicente del Caguán, Caquetá, por enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública.

La problemática que se presenta en el sector de Los Pozos y que fue alertada por el ente de control desde el pasado 18 de febrero, cuando se solicitó la realización de un consejo extraordinario de seguridad, involucra a algunas comunidades organizadas que vienen realizando exigencias para el cumplimiento de compromisos suscritos con la empresa Emerald Energy, generando bloqueos en las instalaciones de la petrolera.

El ente de control había solicitado, desde el 20 de febrero, al Alto Comisionado Para La Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez, estudiar la posibilidad de intervenir desde el grupo trabajo de legalidad y convivencia, con acciones tendientes a promover, desarrollar e incentivar escenarios de participación y procesos de diálogo ante este conflicto.

Así mismo, en esa misma fecha requirió a la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano Ramírez, para que desde el Ministerio del Interior, coordinara la conformación de una comisión de alto nivel, con conocimiento del contexto regional e idoneidad que propendiera por el dialogo social. 

En su misiva, la Procuraduría también advirtió sobre el descontento generalizado por la presencia de personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y la presunta movilización de comunidades que se sumarían a esta protesta, agudizando esta situación humanitaria.

Adicionalmente, señaló que los líderes y voceros no perciben como interlocutor válido a los delegados actuales del alto nivel de la rama ejecutiva, situación que afecta las posibilidades para dar continuidad a un diálogo asertivo con estas comunidades.

Acciones por parte de la autoridad local 

De otra parte, el ente de control solicitó en el mes de febrero al alcalde de San Vicente del Caguán revisar la posibilidad de activar el Puesto de Mando Unificado por la vida para diseñar y poner en marcha los planes de contingencia necesarios para responder a las situaciones que se vienen presentando.

Además, se requirió al mandatario para que coordinara la logística necesaria para garantizar la presencia permanente de agentes del Ministerio Público en la región de Los Pozos como observadores y garantes de los derechos humanos.

Por último, llamó la atención sobre la posibilidad de activar el Equipo de Acción Inmediata (EAI) para disponer de acciones de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados, según se requiera.

Finalmente, a través de otras comunicaciones dirigidas a los secretarios de Salud y Educación de Caquetá, la Procuraduría solicitó que se estudiara, adoptara y coordinara, en caso de ser necesarias, acciones tendientes a evitar la materialización de riesgos que afecten a las comunidades y a la población escolar del sector de los pozos.