Defensoría emite alerta sobre el crimen organizado en San Andrés

El riesgo de vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario se ha incrementado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según lo estableció la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana, que muestra una compleja radiografía de lo que pasa en la isla, en particular para los menores de edad.

La Alerta Temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en el Archipiélago.

Estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios. Con los impactos de la pandemia por el COVID 19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés, durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios.

“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Estas condiciones han hecho que la niñez los adolescentes y jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.

La comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo y las condiciones de pobreza de las víctimas. Otra expresión de violencia que detectó la Alerta Temprana es el tráfico ilegal de migrantes que es manejado por organizaciones ilegales.