Tras atentado a Miguel Uribe, investigan a director de la UNP por posible negligencia


La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para establecer si incurrió en omisiones en el cumplimiento de sus funciones frente a las solicitudes de seguridad elevadas por el partido Centro Democrático.
El proceso se inicia luego de que se conociera que desde 2023, el director de esa colectividad, Gabriel Jaime Vallejo, había pedido a la UNP el fortalecimiento de los esquemas de protección de sus dirigentes, sin que, al parecer, se hubieran adoptado las medidas requeridas.
La decisión del Ministerio Público se da en medio de la conmoción nacional por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, hecho que ha reactivado los cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos estatales de protección.
Como parte de las primeras diligencias, la Procuraduría solicitó a la UNP un informe detallado sobre el seguimiento que se dio a las alertas formuladas por el Centro Democrático, así como las acciones emprendidas por la entidad para atenderlas.
Paralelamente, el abogado Víctor Mosquera, representante legal de Miguel Uribe, confirmó que en lo corrido de 2025 se radicaron más de veinte solicitudes para reforzar el esquema de seguridad del congresista. Según denunció, muchas de estas peticiones fueron respondidas con comunicaciones genéricas que no derivaron en acciones concretas.
Mosquera también indicó que desde 2023 la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos había clasificado a Uribe como una persona con nivel de riesgo extraordinario, pero dicha calificación no fue actualizada en 2024, pese a que Uribe ya figuraba como aspirante oficial a la Presidencia de la República.
Durante su intervención pública más reciente, el presidente Gustavo Petro reconoció que cuando un protegido del Estado resulta atacado, existe una falla institucional que debe ser revisada a fondo. En ese sentido, instó a las autoridades a esclarecer los hechos y aseguró que no se escatimarán recursos para identificar a los responsables.
La investigación disciplinaria busca determinar si hubo una conducta negligente por parte del director de la UNP y si esa eventual omisión representa una falta sancionable dentro del marco normativo. La actuación también pretende establecer si existían causas que eximieran de responsabilidad a la entidad.
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