Defensor advierte reparos sobre propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente


Carlos Camargo Assis le pide al Gobierno dialogar con el Congreso de la República, con el propósito de que sean planteados y logrados los consensos necesarios sin que se interprete que cualquier posición del Legislativo pueda tener como objetivo afectar las reformas del Ejecutivo.
"La propuesta presentada por el presidente debe ser estudiada y analizada con sumo cuidado. La Constitución de 1991 prevé variados mecanismos que nos permiten superar aquellas dificultades que pueden ocurrir en el marco de sus competencias. No podemos perder de vista que nuestro texto superior diseñó un esquema de pesos y contrapesos que prevé canales para superar cualquier dificultad que surja en el Estado", asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Camargo Assis agrega que, después de escuchar con atención las declaraciones del jefe de Estado, surge un planteamiento: "Por el hecho de que el Congreso no acoja los proyectos de reformas que propone el Gobierno, el país no tiene que atravesar una situación extraordinaria que motive un cambio constitucional. La Constitución de 1991 fue el producto de un gran acuerdo nacional que dispone de instrumentos para atender las reformas que un gobierno quiera implementar.
También deja claro el Defensor del Pueblo de los colombianos cuán importante es recordar cómo gobiernos anteriores han visto iniciativas propias hundirse en el Congreso de la República, o cómo las altas cortes han echado para atrás normas expedidas por el Legislativo o desde la Casa de Nariño, sin que ello implicara la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
"Situaciones que no deben ser malinterpretadas, sino entendidas como el ejercicio legítimo de potestades y competencias entregadas por la misma Constitución Política. Ninguna de las ramas del poder público carece de controles por parte de otras ramas del poder público", afirma Carlos Camargo Assis.
Esa arquitectura de pesos y contrapesos, añade el Defensor, "es una de las características de la democracia, la cual evita que algunas de las ramas asuman poderes exorbitantes. El diálogo y el ejercicio autónomo de las funciones de los poderes públicos son una realidad que debe ser reconocida y atendida por las autoridades públicas. Ese fue el querer del Constituyente de 1991”.
El Defensor señala que el Gobierno debería conversar con el Legislativo: “Sí, dialogar, para plantear y lograr los consensos que sean necesarios sin entender que cualquier posición del Congreso tiene como fin último perseguir o frenar o afectar las reformas que el Ejecutivo propone".
Las constituciones requieren de permanencia y ante todo de muchísimo diálogo. Los poderes públicos están para conversar y procurar las mejores salidas para los grandes problemas de la nación.
"La colaboración armónica entre los poderes del Estado es un mandato constitucional cuyo fin, hoy más que nunca, debe ser el faro que guíe el ejercicio de las funciones estatales salvaguardando, insistimos, el trabajo independiente de cada una de las ramas del poder público", es el llamado del Defensor del Pueblo.
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