Contraloría declara “de impacto nacional” contratos irregulares en Santa Marta

La Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República se apretó el cinturón para recuperar un posible detrimento patrimonial que se ha generado en una serie de contratos suscritos en los últimos años durante las administraciones de Carlos Caicedo y, en su mayoría, de Rafael Martínez.

Fue por esto por lo que, en un auto del 9 de julio de 2020, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, declaró “de impacto nacional” una serie de hallazgos que la Contraloría ya había evidenciado en varias visitas de auditoría que practicó durante el año 2019.

Descargar: Declaratoria de 'Impacto Nacional' de obras irregulares en Santa Marta

Básicamente con esta declaratoria de “impacto nacional”, se faculta a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción a que se adelante una “intervención inmediata” que apunte a la recuperación de los recursos que se hayan comprometido por posibles hechos de corrupción o por malos manejos.

Algunas de las obras comprometidas tienen que ver con una posible falta de capacidad técnica, administrativa y operativa de la Essmar, entidad que llegó a contratar más de 11 mil millones de pesos a dedo, incluyendo un contrato de publicidad por más de 1.600 millones de pesos, recursos direccionados por la entonces gerente Ingrid Aguirre.

También están involucrados contratos para las obras de la calle 22 y la Avenida del Ferrocarril, por los que se vio envuelta en un lío penal la actual alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, quien en ese momento era la gerente del SETP.

Otro contrato mencionado por la Contraloría es la modernización administrativa de la Alcaldía de Santa Marta, a través de dos contratos que suscribió Rafael Martínez con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y que fueron firmados por el controvertido Wilman Muñoz, entonces director de extensión de esa universidad, quien fue condenado a 14 años de cárcel por corrupción.

Un contrato que también menciona la Contraloría son las ludotecas de Bonda y Ciudad Equidad, ambas en el suelo, pese a que se les invirtieron más de 6 mil millones de pesos.

Tras esta decisión tomada por el Contralor General, que se produjo ya hace un mes, deberían conocerse medidas contundentes que lleven a la recuperación de estos recursos del erario.