Petro denuncia presunto plan con financiación extranjera para influir en las elecciones
La gobernadora, Margarita Guerra, aseguró: “en mi gobierno no habrá protección para ningún corrupto”.
Afirmó que su plan buscará sancionar con mayor dureza a quienes desvíen recursos del Estado y promover vigilancia ciudadana al gasto público.
La indagación busca establecer si existieron inconsistencias en contratos, pagos y ejecución de proyectos de pavimentación en el municipio.
Aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado dentro del escándalo que salpicó al Gobierno y al Congreso.
Los señalamientos apuntan a la existencia de una presunta red de corrupción de 20 personas cercanas al presidente Petro, falsificación de títulos y una organización de poder “a la sombra”.
A través de la Asociación de Municipios del Caribe, los 11 capturados habrían direccionado más de 100 contratos de infraestructura.
Diego Alejandro Manrique aceptó cargos y se convirtió en el testigo de la Fiscalía tras revelar cómo se planeó el contrato de las aeronaves rusas.
El Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión tras cumplirse los plazos legales sin que se iniciara el juicio en su contra.
Por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Manrique y Wadith Manzur.
El fallo definitivo concluyó que Francisco José Infante Vergara causó detrimento patrimonial al departamento.
El exministro del Interior quedó a disposición de las autoridades tras la orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.
Figura central en dos de los mayores escándalos de corrupción en Colombia: el carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Centros Poblados.
El ente acusador les atribuye direccionar contratos por más de $600.000 millones a cambio de apoyo político en el Congreso.
El hijo del Presidente está involucrado en más denuncias por celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
El fallo responde a un recurso presentado por la Procuraduría y obliga al contratista a continuar su condena en un centro penitenciario.
Según la investigación, habría participado en contratos irregulares por más de 3.000 millones de pesos durante su paso por la Asamblea del Atlántico.