Condenado alias Guajiro por ola de violencia que dejó 21 muertos en Tolima y Huila

Uno de los principales articuladores de una ola de violencia promovida por la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en Tolima y Huila, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en 21 crímenes y otras acciones delictivas en contra de la población civil y la fuerza pública.

Se trata de Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, uno de los cabecillas del grupo armado ilegal que, en virtud de la negociación avalada por un juez penal especializado de Neiva (Huila), fue condenado a 27 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tentativa de homicidio, estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, hurto calificado y daño en bien ajeno.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que alias Guajiro participó en el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional, el 2 de septiembre de 2022, en el corregimiento de San Luis en Neiva (Huila), que dejó siete uniformados muertos y uno herido. En esa oportunidad los agresores se apoderaron de fusiles, pistolas, granadas, lanzagranadas, chalecos y otros elementos avaluados en más de 82 millones de pesos.

En el curso de la investigación se acreditó que Collo Dagua estuvo involucrado en otras muertes violentas sucedidas entre 2021 y 2023. Entre los eventos que se le atribuye están el perpetrado el 28 de mayo de 2021, en la vereda San Agustín, en Planadas, Tolima, que dejó un hombre muerto; un triple homicidio en el corregimiento de Aipecito, en Neiva, Huila, el 23 de diciembre de 2021; y un asesinato en un billar del corregimiento La Marina, en Chaparral, Tolima, el 15 de mayo de 2023.

Al dar a conocer la sentencia, el juez dispuso que la pena deberá cumplirse en establecimiento carcelario y destacó que no proceden mecanismos sustitutivos. De igual manera, inhabilitó a alias Guajiro para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 328 meses.