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11 de Noviembre de 2020

Los ‘desterrados’ de Pivijay

Pa poderte contar este blog, primero tienes que conocer la historia de la familia Escalante Charris y cómo la vida de ellos dio un giro radical el 31 de agosto del 99. Ellos vivían en Pivijay. ¡Plena época paramilitar! En una población donde mandaba el terror de las armas.

Roberto Luis Escalante, uno de los hijos de una numerosa familia, era un profesor de la población que contó con la mala suerte de caer en una redada de paramilitares. Años después, frente a una magistrada de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena, Roberto contaría su terror: “Me secuestró el grupo del comandante Esteban”, recuerda.

El reloj y los zapatos que le habían robado los paramilitares era apenas un pequeño aviso premonitorio de la mala suerte que el destino le guardaba, si no hubiera hecho algo por salvar su vida. Roberto vio cómo a otras personas que también habían secuestrado las comenzaron a “cortarlas y echarlas en pedazos al río”, según él mismo relató al juez.

Al ver la brutal escena, se atrevió a pedir hablar con el jefe paramilitar y le ofreció pagarles a cambio de que lo soltaran. Milagrosamente el paramilitar aceptó.

Aunque su liberación implicó -de paso- la incursión de los paramilitares a la vereda Cinta Roja, corregimiento de Media Luna, donde por años, tres generaciones de su familia habían construido sus vidas, materializadas en 4 predios con una extensión de casi 100 hectáreas. Tierras que tanto él como toda su familia tuvieron que dejar, junto a otros pobladores, esa misma noche, cuando el asesinato de una pareja de esposos y los incendios de unos predios desencadenaron en lo inevitable: el desplazamiento forzado.

“Se metió un grupo armado que nos obligó a desalojar las tierras, tuvimos que dejarlo todo: animales, gallinas, caballos, mulos, aves de corral. Después de que nos despojaron la finca quemaron unas casas que estaban en el predio. Tuvimos que irnos, como dicen vulgarmente, con las manos en la cabeza. No teníamos con qué vivir y éramos un grupo numeroso”, relató ante el Juez (ver testimonio).

Este fue apenas el primero de dos despojos. Años después -pese a la permanente amenaza de muerte de todo aquel que se negara a las pretensiones de paramilitares- el papá y jefe de la familia, Julio Escalante Polo, se negaba a dejar la tierra que su padre había iniciado en el año 66 y que él y sus hijos habían continuado. Pero aunque intentaron entrar pagando vacunas al jefe de la zona, pero la orden directa de una amenaza lo obligó finalmente a irse. Era vivir o morir.

“Ya yo vivía en Santa Marta y le dije a mi papá, que ya habían matado a unos profesores, unos campesinos. Eso era en 2002”. 

Y es justo unos meses después -año 2003- cuando entra en esta historia el protagonista de este blog, Roberto Campo Severini, en ese momento un prominente funcionario, secretario de Salud del Magdalena, quien llegó con una propuesta que la familia, ya en la ruina y pasando hambre, se vio obligada a tomar: vender sus tierras de toda su vida por cualquier peso.

Campo Severini, primo de Saúl Severini, un jefe paramilitar que sembró el terror en la zona de Pivijay y otros municipios, se aprovechó de la necesidad. Los ponía a esperar horas fuera de su oficina para darles de a $200 y $500 mil; pagos a retazos para matar el hambre a cambio de la tierra perdida.

Como el negocio nunca se concretó en algunos de los predios, Campo Severini, que se convirtió en poseedor de las casi 100 hectáreas, terminó falsificando las firmas del propietario para legalizar las transferencias de una de las propiedades. El señor Julio, soporte del hogar, murió el 9 de enero de 2015, con la esperanza de, en algún momento, ver recuperadas las tierras perdidas.

Fue una lucha jurídica que se inició en 2017, dos años después de la muerte del campesino jefe del hogar, y que el pasado 29 de julio de 2020 - gracias a la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, honró la muerte del hombre que en vida luchó por recuperar el hogar de su familia. En días pasados, esta restitución se materializó. (Lee aquí la sentencia completa)

Las víctimas del despojo recuperaron sus tierras en días pasados. Imagen del retorno.

La historia se las quise contar porque esta decisión judicial ratifica las advertencias que hicimos a través de Twitter el sábado 16 de mayo, cuando, ante la mirada de todos, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien se jacta de ondear banderas de la izquierda y los pensamientos de la guerrilla desmovilizada, pretendía posesionar como gerente del hospital Santander Herrera de Pivijay a este personaje, repito, primo hermano de un jefe paramilitar y -como este fallo judicial lo demostraría también- un poseedor de tierras despojadas.

Ante la evidente denuncia, Caicedo corrió a tratar de tapar su pretensión de entregar la salud de Pivijay a estas personas y -en una desembarrada preventiva- decidió, a último minuto, desmontar a Campo Severini y posesionar a la que hoy es la gerente, Mayra Alejandra Castro Brito. Todo esto, pese a que minutos antes el controvertido Campo Severini había hecho un video declarando su posesión.

Con este blog ratifico las denuncias que hicimos en su momento y que Caicedo, en vez de reconocer, calló de manera descarada.Tanto así que -aunque desmontó al polémico personaje de la gerencia- literalmente miró hacia otro lado y permitió que Roberto Campo Severini -sin el cargo de gerente- igual se pasee por el hospital como Pedro por su casa, amparado en un contrato de 10 millones 500 mil que lo acreditan como asesor de la gerencia que él debe considerar que es suya. ¡El poder tras el poder!

Este es el contrato que vincula a Roberto Campo Severini al hospital Santander Herrera.

P. D. Mi opinión: muchos políticos, por más de que se monten en discursos e ideales que denotan una posición definida, al final no son más que aves de rapiña que acuerdan lo que haya que acordar, que se sientan con quien se tengan que sentar, para garantizar sus más íntimas pretensiones personales: seguir agarrados del poder. ¡Pero sus acciones los delatan!

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