Clan del Golfo: del paro armado a los efectos en el entramado criminal del Magdalena

Partamos del hecho de que hay un desorden criminal, con particularidades violentas, que se imponen en los territorios, lo que genera, en algunos municipios, un impacto mayor. No es lo mismo, Sitio Nuevo: municipio del que desde hace 4 años está siendo usado por paramilitares como epicentro de reuniones para cobros y planificaciones, desde el departamento del Atlántico a el municipio de Zona Bananera que recibió de golpe, una descarga monumental violenta y que, en tan solo un año, pasó a convertirse en el segundo municipio más violento del departamento. No es lo mismo, Santa Marta y su zona rural, que, desde el 2006; luego de su proceso de desmovilización, siguió activa y por la que han pasado 13 estructuras criminales, a Ciénaga, que en su zona rural no vino a registrar presencia de actores armados sino hasta después del 2017. Entre el 2006, desmovilización del Bloque Norte y hasta el 2017, los campesinos vivieron tiempos de paz y se presentaron procesos restaurativos importantes como el del corregimiento de Siberia.

Lo mismo ocurrió en la gran mayoría de los municipios del departamento del Magdalena. Pese a que fue epicentro del proyecto de Jorge 40 (la patria chica) y a partir de allí desató una estrategia voraz de control político, despojos, desapariciones y control social y económico; con la desmovilización, en 2006, municipios enteros no volvieron a registrar incidencia violenta importante. Claro, hubo varios intentos de paramilitarización, con las denominadas Águilas Negras, entre el 2007 y el 2009, pero fueron controlados con capturas.

Esto tiene varias explicaciones que incluso deben ser abordadas desde la perspectiva de varios elementos comunes. El narcotráfico es uno porque se puede pensar que más de 40 años de procesos de paramilitarización sostenidos, como en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, no pueden cambiarse de la noche a la mañana y menos con un imperfecto Proceso de Paz que estaba cargado de mentiras (en ambos sentidos). Sin embargo, en el sur de del departamento, los Cheperos también tenían una historia de 40 años de paramilitarización y las realidades son absolutamente diferentes, lo que nos indica de que no es tanto el elemento histórico de la sujeción, sino más bien las riquezas que derivan de este importante músculo financiero.

Otra de las explicaciones es la parapolítica. Si bien, todavía no conocemos el alcance real de la parapolítica (puesto que varios pasaron incólumes) la realidad es que con sus procesos jurídicos y sin la intencionalidad de Jorge 40 (descentralizar el Caribe) perdió peso el proyecto: se acabó y la mejor manera de sostener legitimidad en los municipios era gobernar en cuerpo ajeno. Pero no estaba la presión de Jorge 40, por lo que ese proyecto paramilitar no tuvo mayores proyecciones ni alcances, salvo sostener la riqueza, la corrupción y la burocracia.

El tercero es la Ley de Justicia y Paz o Ley 975, de donde nace la categoría de los ex975. Una teoría construida desde los dinamismos propios de quienes fueron incluidos en esta Ley. Si bien esta Ley reúne todos los estándares como Transicional, la realidad es diferente en virtud de que los victimarios rápidamente se dieron cuenta de que podían manipular la verdad y esto básicamente era porque el numero de delitos era tan alto y de tanto impacto, que se necesitarían mas de 100 años para conocer toda una verdad judicial en modo, tiempo, lugar y causas y sus especificaciones. Además de un grupo muy nutrido de investigadores. Esto hizo que muchos excomandantes, privados de la libertad, manipularan la verdad y crearan escenarios que les permitirían, una vez recuperada la libertad, seguir en los territorios.

El cuarto elemento fue la condición del excombatiente no nativo. Con la desmovilización el 80% regresaron a los territorios de donde eran originarios: Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, principalmente. Al departamento del Magdalena, le llegaron como en caso de sus grandes paramilitares gente no nativa ni originaria del departamento. Salvo alias Tolemaida que nació en el Difícil. El resto son de Caldas, Tolima, Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia y el Cesar. Con la privación de la libertad y con los retornos, varios municipios vivieron verdaderos años de tranquilidad.

Entonces tenemos que, para finales del 2016, varios procesos se vuelven a unir. El primero de ellos, la libertad escalonada de algunos ex975, que, para el caso del Magdalena, siguieron vinculados al ejercicio violento. El segundo, la recuperación política (cumplimiento de la pena por inhabilidad) de los parapolíticos y el tercero: un retorno de sicarios y combatientes a los municipios de otros departamentos. El problema de esto, es que vienen ligados a unos comportamientos criminales que no obedecen líneas de mandos jerárquicas. Es decir que figuras como Hernán Giraldo o Rodrigo Tovar, son para ellos hoy, unos ceros a la izquierda. La particularidad que tiene un ejército (legal o ilegal) es la capacidad de regular sus acciones mediante el cumplimiento de órdenes. Aquí esto no está imperando y tenemos casos como el doble homicidio en Sitio Nuevo (donde también hubo un intento de secuestro en días anteriores). El caso del homicidio en Zona Bananera y por su puesto: la quema de vehículos. Pero también el desorden criminal que desataron con la violencia psicológica donde obligaron a algunos líderes a publicar sus mensajes de intimidación y cada uno de los panfletos que sacaron y los grafitis. Si estuviéramos hablando de una organización con un mando centralizado hubiera bastado un solo panfleto.

Las implicaciones van mucho más allá del poder criminal y no es seguro que las autoridades sean conscientes del daño colateral que le están generando las AGC., en los territorios. Hoy tenemos presencia confirmada en todos los municipios del departamento; en algunos, más que en otros. Hoy tenemos una disputa por el control de la Sierra y una amenaza latente de posibles nuevos combates y lo peor de todo: tenemos una organización que va a influir en el proceso democrático de elecciones presidenciales como ya lo hizo con las elecciones de Cámara de Representantes, Senado de la República y Curules Especiales para la Paz.

Toda acción paramilitar genera un desbalance violento enorme (ninguna debería existir). La historia reciente nos dice que el Bloque Norte (hoy Gaitanistas) cuando se tomaron a Santa Marta y la Sierra Nevada, en 5 años, causaron más daño que los 40 de paramilitarismo sostenido que tenía Santa Marta y en ese entonces, obedecían una línea de mando. Lo que vienen son tiempos difíciles y no sé cuántos vayan o vayamos a sobrevivir.

La estrategia paramilitar no funcionó: fue perversa, aberrante, violentísima y con un daño enorme irreparable. Ningún proceso de paramilitarización puede validarse en la Sierra y esto debe ser una prioridad, casi tan importante, como el servicio digno de agua. Ninguna de las dos debe usarse como estrategia política. No sean miserables e indolentes.